La iniciativa exige a las administraciones públicas que se impliquen en un cambio de modelo para superar el ahora vigente, en el que se priman las residencias y albergues como solución ante la necesidad de casa.

En un convenio firmado por responsables de las tres entidades, estas organizaciones se comprometen a trabajar para que estas personas (con discapacidad intelectual o sin hogar) tengan acceso a vivir de forma autónoma y en comunidad.

El acuerdo viene acompañado de un manifiesto, donde se critica la pervivencia de “modelos marcados por una tradición asistencial, que entienden que una institución se convierte en la mejor y única alternativa de vida para estas personas.

Esto supone "sobreentender que en ese lugar van a estar más protegidas, seguras y mejor cuidadas”.

Según el alegato, "las administraciones públicas, desgraciadamente, siguen invirtiendo demasiados recursos en complejos residenciales a gran escala centrados en los cuidados totales, donde quienes allí viven deben ajustarse a un esquema preestablecido para todos por igual sobre el que no se les ha pedido opinión y que les impide tener voz y voto sobre los aspectos más cotidianos de la vida. Allí son otros quienes tienen las llaves que abren las puertas de sus viviendas, negándoles así el derecho a elegir una vida independiente”, concluyen.

En el manifiesto, Plena inclusión, Hogar SÍ y Provivienda sostienen que “todo ser humano nace con el derecho a formar parte de una comunidad, de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, y que "este principio inalienable debería hacerse realidad sin diferencias ni exclusiones”.

Por ello, piden mayor inversión de fondos públicos, que hasta ahora se destinaban a residencias, en propuestas de vida independiente y viviendas en la comunidad, donde las personas puedan desarrollar un proyecto de vida elegido.

También reclaman el diseño y la aplicación de estrategias integrales de desinstitucionalización acompañadas de apoyos y ayudas con las que garantizar, de forma estable y permanente, el derecho de todas las personas a decidir sobre cómo quieren vivir, y la puesta en marcha de iniciativas por parte del Gobierno del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que promuevan nuevas políticas de fomento y promoción de vivienda pública a precios asequibles para que el acceso a este bien fundamental sea más sencillo para todas las personas.