Discapacidad

Activistas y afectadas exigen el fin de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad

VÍDEO: los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en el enlace http://bit.ly/MujeresEsterilizadasAlaFuerza

MADRID Madrid
SERVIMEDIA

Representantes de las asociaciones de discapacidad y del mundo universitario exigieron suprimir el párrafo segundo del artículo 56 del Código Penal que, previa autorización por parte de un juez, permite esterilizar sin consentimiento a aquellas personas incapacitadas que de forma permanente no puedan expresar conformidad.

Según la coordinadora de Fundación Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) Mujeres, Isabel Caballero, "en España se autorizan unas cien esterilizaciones al año". Así lo indicó en una mesa redonda sobre esterilizaciones forzosas organizada por Plena Inclusión y la agencia de noticias Servimedia.

Precisó que "no existen datos desagregados, ni por sexo ni por tipo de discapacidad, aunque "lo que nos dicen todas las asociaciones es que afecta en su inmensa mayoría a mujeres".

Según Caballero, "decimos que son forzosas porque previamente ha habido un proceso previo de incapacitación judicial", por el que su capacidad jurídica de obrar "ha sido limitada. Por ello, "as ONG tenemos una labor pedagógica muy importante de cara a las familias".

Para Rebeca Tur, responsable del Área de Mujer y Familia de Plena Inclusión Madrid, esta práctica "es contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a todo el ordenamiento jurídico español". "Atenta contra el principio de igualdad (afecta mucho más a mujeres que a hombres), contra el derecho a la integridad física y contra el derecho a formar una familia", declaró.

Dos comités de la ONU, el de Derechos de Personas con Discapacidad y el de Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, "han llamado la atención a España por este motivo", concluyó.

VIOLENCIA SEXUAL

Caballero pidió que esta práctica sea considerada un tipo de violencia sexual y como tal sea recogida en el Código Penal. Explicó que el Convenio de Estambul "establece de forma clara" que las esterilizaciones y los abortos forzosos son una forma de violencia contra la mujer. Sin embargo, aunque España ha ratificado este tratado, continuamos con la inercia de considerar que con ello se defiende a las mujeres, cuando en realidad es una violación de sus derechos".

Por su parte, la profesora titular de Filosofía del Derecho y directora del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Mari Carmen Barranco, exigió modificar el Código Penal español, que en la actualidad permite la esterilización sin consentimiento de personas incapacitadas judicialmente (previa autorización de un juez). En su opinión, "las familias lo hacen para defenderlas" pero la práctica ha demostrado que las mujeres esterilizadas "son incluso más vulnerables a los abusos sexuales".

"Si la mujer decide que no quiere ser madre y se somete a este tratamiento libremente, entonces no hace falta esta figura", prosiguió, "y si se hace para evitar contra su voluntad que se quede embarazada y tenga hijos, esto supone un acto terrible, contrario a los derechos humanos".

Barranco recalcó que la norma se opone al artículo 23 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce su derecho a escoger cómo y con quién vivir, así como el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro.

El problema, opinó, es que la reforma del Código Penal de 2015 venía a actualizar el texto de 1995 y, en lo tocante a la esterilización forzosa, "siguió igual". Habla de personas que de forma permanente no pueden prestar su consentimiento y en la práctica los jueces "lo interpretan de la misma forma y autorizan las esterilizaciones". Con todo, Barranco consideró que "no es culpa ni de las familias ni de los jueces. Hay que acabar con los prejuicios sociales y eliminar ese artículo de la ley".

FAMILIAS

Según Caballero, en los últimos años, las familias han tomado más conciencia del riesgo que entraña someter a las personas con discapacidad "a la muerte civil" que supone la incapacitación judicial. "Luego es muy difícil que se puedan defender en los tribunales" de posibles abusos o de cualquier otro delito, incidió.

Por ello, Tur insistió en la necesidad de proporcionar "herramientas" a las familias y a las personas con discapacidad para que tomen sus propias decisiones de manera "informada". "Trabajar, formar e informar a las familias es fundamental", subrayó.

Para Cristina Paredero, del grupo de personas con discapacidad intelectual que asesoran a la dirección de Plena Inclusión, "la raíz del problema está en las familias". "Si un padre entiende la discapacidad y comprende cómo es su hijo, va a poder ayudarlo mucho más. Mucho más que a través del miedo".

Sobre los procesos de esterilización y de incapacitación en general, señaló que "los médicos hacen informes a partir de lo que las familias les cuentan" y los jueces, a su vez, se apoyan en estos informes". "Todos tienen parte de culpa, pero la clave está en la concepción familiar".

"Para bien o para mal, las familias son el principal sustento de las personas con discapacidad y quienes les deben dar apoyo. Lla sociedad, desde pequeña, me ha dicho que no era normal y que, por tanto, no podía tener hijos. Pero yo creo que puedo ser muy buena madre porque si lo eliges y lo buscas creo que puedes llegar a ser la mejor madre del mundo, tengas discapacidad o no", concluyó.

(SERVIMEDIA)
20 Oct 2019
AGQ/pai/gja/mjg