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Unos 5.000 presos en España tienen discapacidad, el 10% del total

- Uno de cada cuatro entraron en prisión sin diagnosticar

VÍDEO: los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en el enlace:

http://bit.ly/CarcelesDiscapacidad

Unos 5.000 presos en España tienen discapacidad, el 10% del total
MADRID

Alrededor de 5.000 reclusos en España tienen alguna discapacidad, lo que representa el 10% de toda la población privada de libertad.

Así lo detalló el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, durante un encuentro informativo organizado por Plena inclusión y la agencia de noticias Servimedia.

Sin embargo, estas cifras no se corresponden con los registros de presos con discapacidad reconocida.

Ortiz indicó que a día de hoy, las cárceles españolas albergan 3.773 presos con certificado de discapacidad reconocida. De ellos, 1.205 tienen discapacidad psíquica; 336, intelectual; 942, discapacidad física; 96, discapacidad sensorial; y 1.292, multidiscapacidad.

Sin embargo, estos son sólo los que tienen un certificado acreditativo, prosiguió, ya que en prisión se detectan muchos más casos.

Estimó que en total hay 5.097 personas con discapacidad en las prisiones españolas, lo que significa que casi un 26% (del conjunto) entraron en la cárcel sin ser diagnosticadas.

Para la responsable del departamento jurídico de Plena Inclusión, Inés de Araoz, esto supone "una vulneración de sus derechos", pues significa que muchos reclusos pasaron por un juicio sin entender bien lo que sucedía". "Ni comprendían por qué se les juzgaba, ni qué implicaban las penas", afirmó. Además, prosiguió, el espacio penitenciario debe estar adaptado a sus necesidades, y esto no suele suceder.

De ahí la creación de los módulos Especiales para personas con discapacidad intelectual de Instituciones Penitenciarias, que pasarán de los dos actuales (en Estremera y Segovia) a seis: dos en Madrid (uno en el centro de Inserción Social de Alcalá de Henares y otro en una cárcel de mujeres), uno más en la Comunidad Valenciana y otro más en Andalucía.

Por otro lado, Plena Inclusión desarrolla desde hace 25 años un programa de intervención con presos con discapacidad intelectual, encaminado tanto a la prevención de delitos, como a la prestación de apoyo en el proceso judicial y en la cárcel, así como a la posterior ayuda en la reinserción.

"Dentro de lo que es el trabajo en prisión, organizamos talleres y sesiones terapéuticas", dijo de Araoz, "explicamos las reglas del centro, les ofrecemos formación para el empleo y damos formación a los técnicos".

En 2018, 1.558 personas con discapacidad intelectual participaron en este programa de Plena Inclusión. "La mayoría (el 58%) estaban ya en la cárcel, aunque también hubo población que participó en acciones preventivas para evitar la comisión de delitos y en los planes para el retorno a la sociedad (seguimiento, búsqueda de empleo, formación, etc.).

Por su parte, el médico y director de programas del Centro de Inserción Social José Hierro de Santander, Miguel Mateo, se preguntó por qué existe tanta población con discapacidad en el ámbito penitenciario, "sobre todo con discapacidad intelectual (suponen un 6,5% del total).

En un estudio realizado en este centro, "observamos que entre quienes incumplían (las medidas alternativas a la entrada en prisión) había muchas personas con discapacidad psíquica e intelectual".

"Empezamos en 2017 y vimos que un 2,5% de quienes habían entrado finalmente en la cárcel tenían discapacidad intelectual (cuando estos apenas representan el 1% sobre la población general). Más grave era el caso de los presos con problemas de salud mental, que suponían hasta el 6% de quienes fracasaban en el cumplimiento de las medidas alternativas. Muchos de ellos no entendían la importancia de lo que sucedía, e incluso ignoraban a qué se les condenaba, recalcó.

"Rompían, por ejemplo, las órdenes de alejamiento y de incomunicación con sus familiares", comentó. Por este motivo, Mateo puso en marcha los programas Puente Integra y Puente extendido, dirigidos en exclusiva estos colectivos.

En el primero participan 15 personas y, de momento, ninguna ha incumplido las medidas alternativas. Hemos evitado su entrada en la cárcel", comenta orgulloso.

FRACASO

Para de Araoz, el ingreso de personas con discapacidad en prisión no diagnosticadas es "un auténtico fracaso", en el que además se vulneran muchas veces sus derechos humanos.

Según un informe de Plena Inclusión, en el 49% de los casos no se detectó que la persona tenía discapacidad y, cuando se hizo, sólo en el 10% se consideró esta como circunstancia atenuante.

"Esto significa que la gran mayoría de veces , los jueces entienden que la persona con discapacidad intelectual o con necesidades de apoyo es responsable al 100% de sus actos", apuntó.

Además, en muchos juicios rápidos se llega a acuerdos que el recluso no comprende, prosiguió, y el proceso se celebra en general "sin ninguna adaptación".

REFORMAS

En este sentido, Ortiz pidió agilizar los trámites para que los reclusos con discapacidad puedan acceder al tercer grado e implantar la figura del facilitador, que apoye a esta persona en todo el proceso judicial. No obstante, precisó que "no todo depende de reformar las leyes. "Tenemos que conseguir una mayor coordinación entre los centros penitenciarios y los centros base, a fin de agilizar el reconocimiento de la discapacidad a aquellas personas detectadas en prisión".

Asimismo, reclamó más formación para todos los operadores jurídicos (abogados, policías, funcionarios de prisiones y fiscales), para detectar esta característica y responder de forma adecuada.

Mateo agregó otra petición: mejorar la coordinación entre administraciones. "Muchas de estas personas sí han tenido un informe en algún momento de su vida donde se cuestionaba su capacidad intelectual", apuntó, pero probablemente, ese papel se haya quedado en un cajón y nadie lo vio durante el proceso judicial.

"Por eso se necesita la formación, para que los operadores al menos sospechen que algo pasa y envíen a estas personas a un especialista que se encargue del diagnóstico".

Víctor Fernández es el ejemplo perfecto de esta invisibilidad. Ha cumplido casi seis años de una condena de 16 en el Penal de Ocaña. Ni el juez instructor, ni la fiscalía sospecharon nunca que pudiese tener una discapacidad. Tampoco ninguno de tantos policías que alguna vez lo detuvieron, ni ninguno de sus abogados.

"Me diagnosticaron en la cárcel, y fue allí donde entré en Contacto con Plena Inclusión", explica. "Cuando vine a Ocaña, entré en el programa y he mejorado mucho". "Ya entiendo por qué estoy aquí y he aprendido a decir que no", agrega contento. "Me junto con otras personas (en la cárcel) y no tengo problemas. Además, me están enseñando un trabajo".

Víctor entró en prisión en 2014 y, aunque empezó los trámites en 2015, aún no tiene el certificado de discapacidad. Como él, casi 2.000 reclusos esperan ser reconocidos.

(SERVIMEDIA)
24 Nov 2019
AGQ/mjg/ecr/

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