En esta iniciativa, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos, se plantea “encomendar a las diferentes consejerías que, en el ámbito de sus competencias, impulsen las reformas comprometidas, y se ajusten a una agenda de trabajo en coordinación con la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y con el Pleno de la Asamblea de Madrid”.

En la PNL se establece crear “una agenda para la adaptación de toda la normativa de la Comunidad de Madrid conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En la exposición de motivos se indica que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) y su Protocolo facultativo fueron aprobados, el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos".

Con ello, "las personas con discapacidad son consideradas plenamente como sujetos titulares de derechos, con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos y no como objetos de tratamiento y protección social”.

Asimismo, se informa de que España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo, el 21 de abril de 2008, y entró en vigor de forma general para España el 3 de mayo de ese mismo año y se destaca que “desde entonces, forma parte del ordenamiento interno, por lo que la normativa española debe adaptarse a sus contenidos”.

En la PNL se añade que en este sentido la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, profundiza en el modelo social de la discapacidad, salvaguarda los derechos de las personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.

Asimismo, se considera que “la capacidad reguladora de la Comunidad de Madrid debe aplicarse para modificar la normativa propia y adaptar sus contenidos en el sentido que establece la CIDPD, para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.