La asistencia sanitaria a los refugiados está garantizada por los Servicios de Salud de las autonomías, pero otras actuaciones como la obtención de certificados médicos, la contratación de intérpretes y mediadores culturales o los traslados de los reasentados no lo están.

A estos fines se destinarán los fondos aprobados hoy, cuyos criterios de distribución se acordaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en octubre.

Según el Ministerio de Sanidad, la distribución depende de las personas solicitantes de protección internacional en cada comunidad autónoma durante 2018, reflejadas en la base de datos de la tarjeta sanitaria del SNS.