Según Casado, "tras el debate de cifras de las últimas semanas, el único punto de acuerdo está en el aumento del número de personas matriculadas en centros escolares que requieren dichos apoyos".

Casado se refirió a un informe de CCOO según el cual 7 de cada 10 alumnos se ven afectados por una ratio excesiva, y a los datos aportados por el consejero en el Pleno de la Asamblea sobre que hay 2.300 trabajadores para 33.000 personas con necesidad de profesionales de pedagogía terapéutica (PT) y de audición y lenguaje (AL).

A su juicio, "debería darse un paso más en la transparencia de los datos y hacer públicos los apoyos existentes en cada centro y el número de alumnos con necesidades especiales en cada uno de ellos" para "determinar si éstos son suficientes y hallar las soluciones adecuadas".

El movimiento asociativo denuncia desde hace años la necesidad de que se actualice la Orden de 18 de septiembre de 1990 que regula las ratios profesionales/alumnado en la atención educativa de menores y jóvenes con necesidades educativas especiales, por ser "claramente insuficiente". "Si además no se llegan a cumplir las ratios de dicha Orden, el problema es aún más grave", declaró Casado.

Finalmente, reivindicó el cumplimiento del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación inclusiva, según el cual los estados habrán de prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de educación para facilitar su formación efectiva.