Así lo manifestó en declaraciones a Servimedia el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, tras la publicación por parte del INE de la operación estadística ‘El empleo de las personas con discapacidad’, que revela que la tasa de paro de las personas con discapacidad en España se redujo 1 punto en 2018 y se situó en el 25,2%. Pese a esta caída, superó en 10,1 puntos a la de la población sin discapacidad (15,1%).

Por su parte, la tasa de empleo fue del 25,8%, frente al 65,9% registrado en las personas sin discapacidad. Dicha tasa se redujo en 0,1 puntos respecto a 2017. El informe recoge información también por tramos de edad, comunidades autónomas, nivel educativo y género.

En este sentido, el informe del INE pone de relieve que las mujeres con discapacidad se encuentran en peor situación que los hombres, aunque entre las personas con discapacidad la brecha es algo menor que en la población sin discapacidad.

NUEVO MARCO LEGAL

“Dado que estamos en el inicio de una nueva legislatura en la que esperamos que exista una mayoría estable en el Parlamento, reclamamos una vez más que España se dote de una nueva ley general de inclusión laboral de las personas con discapacidad que inaugure un nuevo período de política pública y legislativa en la materia, porque con un modelo legal que data de hace casi 40 años, poco vamos a mejorar con las necesidades enormes sobre los déficits de inclusión laboral que todavía padecemos”, reclama el presidente del Cermi.

Eso sí, Pérez Bueno destacó que existen datos positivos como la reducción en un punto de la tasa de paro (de siete si se toma como referencia 2014). Además, subrayó que el hecho de disponer de esta información estadística “es muy valioso, porque hay ya una serie histórica” que permite tener información periódica sobre la situación de las personas con discapacidad en la esfera del empleo.

Por último, puso en valor el “buen ejemplo” de colaboración del INE con la sociedad civil de la discapacidad, dado que este organismo público realiza esta operación estadística en colaboración con el Cermi y Fundación ONCE, entidades que aportan al INE propuestas y sugerencias sobre la estructura del informe y aspectos que debe recoger.