Así lo dijo en una jornada en la que se presentó el Libro Blanco para la formación, ocupación y empleo de las personas con discapacidad y especiales dificultades en los centros especiales de trabajo de Cataluña en la sede del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Campuzano señaló que “deben contemplarse las medidas que permitan que aquellos puestos pagados con SMI puedan continuar siendo viables”, porque de no ser así, advirtió que puede haber “despidos, cierres y problemas de viabilidad de centros especiales de empleo”.

Posteriormente, en declaraciones a Servimedia, el director de Dincat apuntó que el 70% de la plantilla en centros especiales de esta organización cobra el SMI y un incremento “muy intenso” del salario mínimo legal puede tener efectos negativos si no se ve compensado con ayudas del Gobierno.

“Estamos a favor de que se suba el SMI, pero que se compense”, señaló Campuzano, argumentando que “el nivel de productividad de estos trabajadores es pequeño y la capacidad de incrementar la productividad para garantizar el pago de salario es muy escaso”.

También reclamó una modificación del contrato de formación y aprendizaje a nivel estatal para que el Estado bonifique “un periodo más largo de formación para personas con discapacidad intelectual”. “La clave de que los sueldos sean mejores está muy directamente vinculada a la mejor formación de estas personas”, afirmó.

La Formación Profesional Dual fue expuesta en el acto como ejemplo de éxito de integración laboral en las Islas Baleares. A juicio de Campuzano, en otras comunidades autónomas no funciona del mismo modo porque falta una adaptación normativa.

Por su parte, el miembro del Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Daniel-Aníbal García abogó por un modelo normativo “nuevo”, adaptado a la Convención de las personas con discapacidad.

Asimismo, defendió los centros especiales de empleo de iniciativa social y la reinversión de todo el beneficio en crear más puestos de trabajo.

En el acto también intervino el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, quien se alineó con la necesidad de un cambio en el modelo para integrar a las personas con especiales dificultades.

“Tenemos unos gobiernos que están en este momento faltos del impulso y la iniciativa necesaria para hacer este cambio de modelo y de sistema, estamos todavía en una burocracia de los años 80 cuando necesitamos unos sistemas de apoyo y cobertura mucho más articulados, flexibles, transparentes”, consideró. Desde su perspectiva, se deben reenfocar los centros especiales de empleo para que promuevan la inclusión laboral.

A ello se suma la posibilidad de que se compatibilice una renta mínima garantizada con un empleo, o un trabajo parcial con una prestación. “Tenemos que empezar a triangular distintos elementos que tienen que ver con la cobertura social; ahí la responsabilidad política es clave para que esa voluntad mueva todo el sistema”, afirmó.

En esta misma línea se pronunció el presidente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis), Bernabé Blanco, quien apuntó a los gobiernos como encargados de flexibilizar recursos y posibilitar esa compatibilización del trabajo con prestaciones o con formación.