La diputada socialista Marta Bernardo, defensora de la iniciativa, explicó que el objetivo es “mejorar el desarrollo integral de la personalidad de los internos, donde se impartan las enseñanzas y programas que por la ley deberían impartirse de manera prioritaria, con las implicaciones éticas, tratamentales penitenciarias y pedagógicas que supone”.

A su juicio, con la aprobación de esta PNL se hace “justicia y, sobre todo, se reconoce la labor del profesorado de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), que son para toda la población los instrumentos que garantizan de forma efectiva el derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 27 de la Constitución”.

La diputada socialista destacó que estos centros “realizan una función social incuestionable y cohesionadora generadora de igualdad, más aún en un centro penitenciario, que se debe configurar como uno de los pilares esenciales del tratamiento penitenciario y de reinserción de los reclusos”.

Informó de que en julio de 2003 se crearon, mediante decreto, seis Centros de Educación de Personas Adultas con sede en cada uno de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid y recordó que en 2008 se inauguró un séptimo establecimiento.

Dijo que “desde su apertura, desde la Comunidad no se ha decretado la inserción de un CEPA y por lo tanto se ha privado a los reclusos de un derecho amparado en la Constitución y, quizá, de una nueva oportunidad en la vida”.

Asimismo, consideró necesario tener en cuenta que “un porcentaje muy alto de la población penitenciaria, hombres y mujeres, más de un 80%, no tiene estudios básicos”. “La educación no se le puede negar a nadie, y mucho menos a esta población, a quien la sociedad le debe dar una segunda oportunidad para su reinserción”, manifestó.