Así se recoge en la Memoria correspondiente a 2018 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en referencia a las actuaciones de este organismo en relación con la comprobación del cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

“Esta norma legal establece la obligación para las empresas con 50 o más trabajadores de reservar un 2% para personas con discapacidad oficialmente reconocida, constituyendo una infracción laboral sancionable el incumplimiento de este deber”, según explica el Comité Español de Representnates de Personas con Discapacidad (Cermi).

El número de actuaciones inspectoras referidas a la comprobación de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad fue en 2018 de 3.428, un 26,1% del total de las llevadas a cabo por la Inspección. Fruto de estas, se detectaron 260 infracciones en 2018, lo que supuso un aumento de un 86,1% respecto a 2017 (144).

Con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y gracias a una propuesta del Cermi asumida por el Legislador, la no acreditación del cumplimiento de la cuota del 2% en beneficio de trabajadores con discapacidad comporta para las empresas el no poder acceder a las licitaciones públicas, viéndose excluidas de la contratación de las Administraciones.

En esta línea, el Cermi señala que trabajará en esta Legislatura para modificar la Ley General de Subvenciones a fin de que no puedan percibir ayudas públicas aquellas empresas que no cumplan la reserva legal de empleo para personas con discapacidad.