El Ayuntamiento de Alcorcón emitió este miércoles un comunicado en el que recogió unas declaraciones de la alcaldesa de la localidad, Natalia de Andrés, en las que explicó que la Ley de Contratos del Sector Público impone que debe haber al menos una condición especial de ejecución de carácter social y/o medioambiental.

Por ello, destacó que se definirán los planteamientos según la ley para incluir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental, los cuales se introducirán también en la solvencia, criterios de adjudicación y requisitos técnicos de los contratos que licite el Ayuntamiento.

También planteó que se establece la reserva de un 7% mínimo, que podrá incrementarse hasta un 10%, para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción de personas con discapacidad, una vez se determine toda la contratación en el consistorio, según lo establecido en la ley.

A su vez, De Andrés destacó que todos los contratos que superen los 100.000 euros contarán obligatoriamente con una cláusula de transparencia fiscal mediante la cual se impondrá al contratista que presente una declaración responsable en la que afirme que no realiza operaciones financieras en paraísos fiscales.

En lo social, indicó, se valorarán criterios como “la utilización de un lenguaje no sexista, la contratación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, el fomento del empleo de personas con discapacidad, la creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, la estabilidad laboral, la formación en el puesto de trabajo, el comercio justo y la transparencia fiscal.”

En lo medioambiental, afirmó, se prestará atención a “los trabajos, informes y materiales que se realicen en soporte digital, la formación ambiental para personal, la utilización del caucho reciclado en mezclas asfálticas, la utilización de vehículos conforme norma V o eléctricos y la separación de residuos ‘in situ’ y contenedores rotulados e identificables”.