El informe de la Inspección señala que se cometieron tres infracciones “graves”. La empresa, que en 2019 recibió una subvención de la Comunidad de Madrid de más de cinco millones de euros, obligaba a los trabajadores a realizar jornadas de 10 y 11 horas diarias -todas de pie- hasta las 50 y 55 horas semanales.

Además, muchos no habían firmado su contrato laboral ni recibieron formación alguna; además, la empresa no tuvo en cuenta su condición de personas con discapacidad ni adaptó los puestos de trabajo a sus características.

Los trabajadores del Palacio Real se pusieron en contacto con CCOO, que denunció el maltrato del que estaban siendo víctimas y solicitó una reunión urgente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza, Isabel Galvín, mostró su satisfacción por las conclusiones de la Inspección de Trabajo.

“Este caso vulneró un derecho fundamental de estos trabajadores, como es la discriminación por razón de su discapacidad, que menoscabó no solo su integridad física, sino también su dignidad”, apuntó.

Galvín manifestó además que, “a la vista de lo que expresa la resolución, la Administración debería reformar la normativa, extremar la vigilancia para que no se permitan estas situaciones en los centros especiales de empleo y no permitir la licitación a las empresas que perpetren estos abusos contra los trabajadores”.

Por último, señaló que “CCOO y los trabajadores del Palacio Real estamos de enhorabuena” porque “denunciar las irregularidades laborales tiene su recompensa”. Por ello, “seguiremos luchando contra todos los abusos que se cometan contra los trabajadores”, concluyó Galvín.