"La ratificación por España de este instrumento internacional de protección de los derechos sociales ha de llegar al máximo nivel de compromiso", aseveró el Cermi este sabado en un comunicado.

"El Consejo de Ministros del 1 de febrero de 2019, tras la mucha labor de incidencia de la sociedad civil y el tercer sector, adoptó el acuerdo por el que se disponía la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autorizaba la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha carta. Con la disolución de las Cortes producida tras esa fecha, este procedimiento de ratificación quedó truncado, por lo que es necesario retomarlo desde el nuevo Ejecutivo", recordó el Comité que representa a la discapacidad.

La ratificación de la Carta, reclamada por el Cermi y por todo el tercer sector de acción social en estos últimos años, "robustecerá y ensanchará la protección social en España y establecerá mecanismos reforzados de seguimiento y reclamación en caso de incumplimientos".

El Cermi espera que el Gobierno "reanude con celeridad el proceso para así saldar una fuerte deuda social que España tiene con la protección social comprometida internacionalmente".