Alston realizó estas declaraciones durante un encuentro con la Plataforma del Tercer Sector (PTS), celebrado en el marco de la visita que realiza a España con el fin de analizar la situación de las personas en riesgo de exclusión y las políticas que se llevan a cabo para luchar contra este problema.

En la reunión, participó el delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, junto a organizaciones de la discapacidad como Cocemfe, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), ONCE y Plena Inclusión.

En su intervención, Martín Blanco subrayó que el 16% de las personas con discapacidad se encuentran en una situación de exclusión severa, tasa que casi duplica a la de las personas sin discapacidad.

Según alertó, “la salud se revela como la dimensión de la exclusión con un mayor impacto en las personas con discapacidad en comparación con el resto de la población”. Como ejemplo, denunció que casi cuatro de cada diez personas con discapacidad están excluidas de los servicios de salud y el 17% no pueden comprar medicamentos.

En este sentido, criticó los “copagos elevados” en el terreno de los servicios de autonomía personal y atención a la dependencia. También lamentó las dificultades de muchas personas con movilidad reducida para entrar y salir libremente de su casa, debido a las barreras arquitectónicas existentes que en ocasione se niegan a eliminar las comunidades de vecinos.

Además, Martín Blanco llamó la atención sobre la situación del colectivo en el mercado de trabajo, pues el 15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por personas sin empleo y sin protección social; ocho puntos más que en el resto de la población. "El salario promedio de una persona con discapacidad es además un 17% más bajo que el del resto de la población", agregó.

Finalmente, lamentó la mayor exclusión que sufren las mujeres con discapacidad en comparación con los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad, con salarios más bajos, empleos más precarios y una menor tasa de actividad.

Para acabar con esta situación, pidió avanzar en accesibilidad universal en todos los entornos, servicios y productos de interés, "un mandato legal que incumple España desde diciembre de 2017".

Por último, reclamó eliminar todos los copagos “confiscatorios”; reforzar los recursos existentes para familias con miembros con discapacidad; garantizar el derecho humano a la vivienda, y avanzar hacia un modelo de apoyos para la vida en comunidad, ofreciendo alternativas a los recursos de institucionalización.