La disposición legal ahora cancelada permitía la extinción por causas objetivas de la relación laboral, autorizando al empresario a despedir, cuando el trabajador acumulaba una serie de faltas de asistencia, determinadas según varios parámetros.

Esta regulación, según había denunciado el Cermi, exponía y perjudicaba más intensamente a los trabajadores con discapacidad que por esta razón o a causa de la misma, podían necesitar mayor atención de salud, seguimientos médicos más continuos, o dedicar más tiempo a asistencia a terapias o sesiones de rehabilitación o para recibir apoyos psicológicos o psicosociales.

El Cermi señaló este martes que el mantenimiento de esta causa de despido objetivo, ahora derogada, "constituía una discriminación indirecta por motivos de discapacidad", por lo que junto con otras muchas instancias sindicales y sociales había pedido que se revisara lo antes posible, "para que no se castigara con más severidad a los trabajadores con discapacidad".

El Cermi espera que esta medida legal positiva para el sector social de la discapacidad sea apoyada por todos los grupos parlamentarios cuando el real decreto-Ley aprobado hoy, como legislación de urgencia, tenga que ser convalidado por el Congreso de los Diputados.