En el encuentro, estuvo también presente el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, para un examen coordinado de los planteamientos y demandas del movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi.

En cuestiones de autonomía personal y atención a la dependencia, el Cermi planteó la necesidad de “proceder a revertir los recortes y reducciones de derechos y prestaciones producidos en el año 2012, con motivo de la crisis, y a un incremento presupuestario sustancial en la Ley de Presupuestos de 2020, para rebajar el llamado 'limbo' de la dependencia”. Asimismo, se trató la situación de la ILP del Cermi contra el copago en dependencia, pendiente de decisión por el Parlamento.

De igual modo, la delegación del Cermi reclamó un acuerdo rápido y ambicioso sobre la configuración de la prestación de asistencia personal, “que es la pariente pobre del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 13 años después de su puesta en marcha”.

Otro aspecto abordado por la plataforma representativa de la discapacidad en España fue la petición para modificar la ley procesal para que las controversias y litigios derivados de la Ley 39/2006 pasen a la jurisdicción social.

En lo referente a la valoración de la discapacidad, el Cermi exigió la pronta aprobación del nuevo baremo de discapacidad, una vez se conozcan los resultados del proceso de pilotaje que se está desplegando en ocho comunidades autónomas e indique si el nuevo instrumento, en la práctica, supone un avance respecto del vigente.

En materia de vacaciones sociales, el Cermi demandó para la convocatoria específica de discapacidad un incremento de partidas y nueva ordenación de la convocatoria, y en cuanto a la de mayores, planteó la exigencia de garantías de accesibilidad de todo el proceso (destinos, hoteles, transporte, etc.).

Finalmente, el Cermi se interesó por la situación y perspectivas de los centros de atención del Imserso (CANF, CMRF, etc.) y por la nueva ley estatal de Servicios Sociales, comprometida en el acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.