Según la confederación, que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual y a sus familias, "este proyecto legislativo abre una nueva oportunidad para lograr la generalización de la educación inclusiva en nuestro país".

"Se trata de una oportunidad única que ninguno de los agentes clave en este ámbito (administraciones públicas, grupos políticos, sociedad civil organizada y comunidad educativa) debemos dejar pasar”, afirmó Santiago López, presidente de Plena Inclusión.

Además, la confederación mostró su voluntad de trabajar en el trámite parlamentario con los diferentes grupos políticos, a fin de proponer una serie de enmiendas que mejoren el proyecto y "aseguren el establecimiento de una educación inclusiva real y efectiva, que beneficie a todo el alumnado y construya una escuela y una sociedad más justa".

En 2017, Plena inclusión aprobó su 'Posicionamiento por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás', un documento en el que reclamaba un Pacto por la Educación que impulsase acciones y políticas concretas para lograr un sistema educativo inclusivo basado en los valores de equidad y diversidad. Entre ellas, se hablaba de “establecer un sistema de apoyos y ajustes razonables para todo el alumnado, formar y capacitar a docentes y equipos y transformar y adecuar la dotación del sistema educativo”.

Tres años después, Plena Inclusión confía en que esta reforma legislativa garantice una verdadera igualdad de oportunidades y los apoyos adecuados para los casi 80.000 alumnos con discapacidad intelectual que actualmente cursan sus estudios en centros ordinarios.

"Como Estado firmante de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, España tiene un compromiso ineludible de cumplir este tratado", concluyó.