Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la jornada ‘Renta mínima estatal y personas con discapacidad: un nuevo horizonte contra la exclusión social’, organizada por el Cermi Estatal con la colaboración de Fundación ONCE y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de los fondos de la ‘X Solidaria’ de la declaración de la renta.

Pérez Bueno felicitó al Gobierno por su “decisión nada fácil” de empezar a trabajar para aprobar un ingreso mínimo garantizado puesto que “estamos en un momento histórico para ello”, y señaló que el movimiento de la discapacidad “es un agente civil exigente, pero propositivo” para participar en el debate de la renta mínima universal.

En este sentido, pidió que este nuevo “elemento de protección social” no se regule “en detrimento de otros recursos ya aprobados, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, como cuando se aprobó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia”. A su juicio, serviría para implementar más “el carácter social del Estado, ya que de los tres calificativos que la Constitución da a España (Estado social, democrático y de derecho) es el que menos se ha desarrollado”.

Por su parte, el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Celada, repasó los últimos datos sobre riesgo de pobreza y exclusión social, que sitúan a las personas con discapacidad en una posición de “extrema vulnerabilidad” respecto a las personas sin discapacidad. “Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y exclusión”, recordó Celada.

En esta línea, apuntó que se debe analizar e integrar en la renta mínima básica el factor de la desigualdad, pero también la compatibilidad del resto de servicios, los tiempos y los plazos de los destinatarios de los ingresos, la burocracia o las barreras de accesibilidad. Incidió también en la importancia que tanto la Dirección General de Políticas de Discapacidad como el Real Patronato sobre Discapacidad dan a participar en jornadas como esta.

MUJERES CON DISCAPACIDAD

La presidenta de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Concha Díaz, afirmó que “el tema de la renta mínima antes era algo utópico, pero, en cambio, ya se empieza a hablar de ello”. En este punto, recordó que los Estados “tienen la obligación de garantizar que todas las personas tengan acceso a bienes básicos como la vivienda, la alimentación o la vestimenta, entre otros. También deben garantizar que las personas con discapacidad y sus familias tengamos acceso a diferentes dotaciones económicas para no tener más gasto por razón de discapacidad”.

“Las mujeres con discapacidad estamos más afectadas por la pobreza que las mujeres sin discapacidad y que los hombres con discapacidad, porque habitualmente tenemos multitud de barreras en el acceso a la educación o a un empleo digno”, advirtió Concha Díaz, quien alertó también del riesgo “más elevado” de sufrir violencia que tiene la población femenina con discapacidad.

Mientras, la secretaria general de Fundación ONCE y comisionada de Cermis Autonómicos, Teresa Palahí, subrayó la relevancia de situar la discapacidad en el debate de la renta mínima, porque a pesar de que existen mecanismos en torno al IRPF, prestaciones o exenciones para las empresas, “no son suficientes”. Según explicó, “tenemos que avanzar en ese Estado del bienestar, proporcionar garantías a la ciudadanía y ahondar en esos derechos”.

UTILIDAD ESTUDIADA

Posteriormente, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la exclusión Social y la Pobreza (EAPN) y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Carlos Susías, impartió la ponencia marco, denominada ‘Renta mínima estatal: una conquista a nuestro alcance’.

En ella, criticó que “cuando se habla de aprobar una renta mínima siempre se responde “que hay que estudiarlo”, pese a que ya está estudiada su utilidad para luchar contra la pobreza con eficacia. Además, lamentó que haya disminuido en los últimos años el número de hogares que perciben una renta mínima y denunció la falta de compatibilidad de la renta mínima con trabajos de bajos ingresos, lo que calificó como “un verdadero disparate”.

Del mismo modo, lamentó las “enormes diferencias de cobertura” que existen entre comunidades autónomas, y reclamó que la aprobación de una renta mínima estatal “sea complementaria” a la que ya tienen algunas autonomías y “no sustitutiva”. Al mismo tiempo, instó a que la regulación futura de un ingreso mínimo vital tenga en cuenta en todo momento “el sobresfuerzo económico que hacen las personas con discapacidad”.

Por otro lado, el jefe del Servicio de Estudios y prospectiva de Fundación ONCE, Javier Albor, aportó una visión generalizada e interrelacionada de la pobreza, la discapacidad y la exclusión social, calificando de “círculo vicioso” esta interdependencia, ya que según expuso, la discapacidad genera riesgo de pobreza y, a su vez, la pobreza puede generar discapacidad.

Además, pidió que se garantice la compatibilidad con otros derechos sociales y señaló que no se debe meter “más ruido” sobre si “el sistema de protección social ya está suficientemente maduro”. Por ello, el experto trasladó la necesidad de “recuperar aprendizajes” para no errar, poniendo como ejemplo el desarrollo de la Ley de Dependencia. “No se ha desarrollado como queríamos y ha generado recorridos más cortos en los servicios sociales”, concluyó.

Durante la jornada, la experta del Comité de la Cedaw de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez Narváez, impartió la ponencia ‘Rentas mínimas y derecho a un nivel de vida adecuado – Mandatos internacionales de derechos humanos aplicables a las personas con discapacidad’.

Peláez Narváez detalló los compromisos internacionales del Estado con respecto a la necesidad de implantar una renta mínima estatal y declaró que es un requisito relevante para luchar contra la exclusión social, y por tanto, para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).