En un comunicado publicado junto a la patronal de servicios en los centros de apoyo Aedis, ambas organizaciones recordaron que el decreto aprobado el pasado 27 de marzo reconoce los servicios que se prestan a las personas con discapacidad como “esenciales”, determinando la obligación de seguir prestándolos.

Por eso, las entidades de Plena inclusión han seguido prestando los servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral y a sus familias mediante atención telefónica o virtual y, en los casos más graves, de forma presencial en el hogar.

De hecho, las organizaciones “han incrementado sus esfuerzos para seguir atendiendo a las personas que utilizan diariamente sus servicios, reforzando los medios técnicos y humanos”. Desde Plena inclusión y Aedis reclamaron el “reconocimiento efectivo de estos servicios a distancia y presenciales de apoyo a domicilio que se desarrollan como alternativa de emergencia a las actividades regulares de los centros de día”.

También pidieron a las comunidades autónomas que ayuden en el suministro de equipos de protección individual (EPI) para el personal de servicios sociales, y que son “tan necesarios en este momento”.

Hasta la fecha, aseguró Plena Inclusión ya hay comunidades autónomas que han mostrado por escrito su compromiso con el sector, garantizando el pago íntegro del precio de las plazas. Es el caso de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. En lo que respecta a Andalucía, la región asumirá el 80% del coste.

“Agradecemos a estos gobiernos su voluntad política en estos momentos tan duros para todos y reclamamos al resto de las comunidades que se sumen y garanticen, con total seguridad jurídica, la total financiación de las entidades que prestan servicios a través de cualquier instrumento jurídico que utilicen mientras dure esta situación de excepcionalidad”, concluyeron ambas entidades.