Explicó en rueda de prensa que este uno de los servicios esenciales que sigue prestando la Justicia durante esta crisis sanitaria y dijo que se trata de corregir diariamente las diferencias si se detectan. Sin embargo, indicó que el sistema de conteo no es preciso y que muchas veces no se consigna la causa específica de la muerte.

Adujo que esta situación es habitual porque muchos de los certificados de defunción que se expiden normalmente consignan una parada cardiorespiratoria, pero sin identificar su causa. En la situación de pandemia actual, dijo el titular de Justicia, esta información resulta insuficiente: “Ahora necesitamos información precisa”.

Justicia está tratando de adaptar sus protocolos en cuanto al detalle de los fallecimientos a marchas forzadas, pero Campo admitió que “esta situación no estaba prevista por nadie". "Y cuando digo por nadie, digo por nadie en el mundo entero. La próxima vez estaremos más preparados e informatizados”, comentó.

La pregunta formulada al ministro estaba motivada por los datos de Castilla-La Mancha, donde de las 3.319 licencias de enterramiento 1.921 responden como causa de la muerte al Covid-19 o donde existen sospechas de esta infección, lo que supone el 57,9 por ciento de las muertes. La constatación del importante aumento de las licencias de enterramiento y su afección en los registros civiles de la región ha dado lugar a la apertura de un expediente gubernativo del presidente del TSJ de Castilla-La Mancha en el marco de su competencia inspectora para investigar cuántos de estos casos son por coronavirus.

En los datos reflejados de licencias de enterramiento expedidas durante el pasado mes de marzo en los registros civiles de Castilla-La Mancha, se ha desglosado por provincias y por capitales de provincia, incorporando datos de defunciones del mes de marzo de 2019 y 2018 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ellos ha quedado reflejado que durante marzo ha aumento un 96,3% la licencia de enterramientos, si se compara con marzo del año anterior.

El gran aumento de estos datos ha provocado la apertura de un expediente gubernativo por parte de la presidencia del TSJCLM, que ha ordenado a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, así como a los médicos forenses, la colaboración necesaria con los Registros Civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento.