En España existen aproximadamente unas 5.457 residencias, públicas y privadas. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos. La información de que dispone la Fiscalía General se actualiza semanalmente.

Aunque por el momento no están tipificados los delitos que se podrían atribuir en caso de detectarse irregularidades en esos centros residenciales, fuentes fiscales aventuran que los hechos pueden constituir delitos de homicidio imprudente, abandono o malos tratos.

El Ministerio Público tiene constancia, a fecha 20 de abril, de 40 investigaciones en residencias de la Comunidad de Madrid, la que tiene de largo el mayor número de diligencias penales abiertas. Le sigue Cataluña, con 20 residencias bajo investigación. Se cuentan, además, siete en Castilla y León, cinco investigaciones en Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de una en La Rioja, Canarias y Aragón.

La Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco, no tienen ninguna de sus residencias, ya sean públicas o privadas, bajo investigación del Ministerio Público.

Además, la Fiscalía General mantiene abiertas un total de 126 diligencias civiles que se enmarcan en la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Estas diligencias, abiertas en las Fiscalías Provinciales y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, tienen diversos objetos. Por un lado, recopilan datos acerca de la situación en las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resuelven problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.

En concreto, es Cataluña la que tiene más diligencias civiles abiertas, con 50 en total, le siguen Castilla y León (15), Galicia (11), Andalucía (10), Comunidad Valenciana (9), Castilla-La Mancha (8), Extremadura (7), Madrid (4), Aragón (3), Cantabria (3), Canarias (2) y La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, con una residencia cada una. En Asturias e Islas Baleares no se registra ninguna diligencia civil.

El departamento dirigido por Dolores Delgado no especifica qué tipo de delitos se están investigando en cada una de las residencias bajo escrutinio, ni aclara tampoco si alguna de estas diligencias se ha judicializado ya. La Fiscalía insiste en que los datos ofrecidos no son “una foto fija”, sino que irá cambiando en función de la conclusión de las actuaciones o de la apertura de otras nuevas.

Por último, el Ministerio Público reconoce y destaca el “extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros”.

ANTECEDENTES

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó el pasado 1 de abril un decreto donde ordenaba el cierre de la investigación por las muertes de personas mayores en residencias de distintos puntos de España durante la crisis sanitaria del coronavirus, al entender que no había indicios de actuación delictiva en los sucesos detectados en las inspecciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

La Fiscalía General del Estado cerraba así la investigación que había encomendado al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz y archivaba las actuaciones iniciadas de oficio, aunque dejó abiertas las que correspondían a las fiscalías de cada comunidad autónoma por sus propios casos.

Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que alertó en una entrevista del hallazgo de varios cadáveres en residencias que permanecían en sus camas junto a los residentes vivos. Delgado indicaba en su decreto que la “gravedad" de los hechos denunciados motivó la apertura de una investigación y la designación del fiscal Dolz como instructor para “facilitar” la obtención urgente y centralizada de los datos que pudieran dar lugar a una investigación.

Pero tras el archivo, fueron las fiscalías provinciales las que tenían en sus manos determinar si corresponde el archivo de las investigaciones que mantienen abiertas en distintas comunidades autónomas. La primera de las denuncias se produjo en Madrid a raíz de la muerte de 17 ancianos por coronavirus en la residencia Monte Hermoso.

Fue el Defensor del Paciente el que denunció los hechos haciéndose eco de las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre los muertos en esa residencia y las varias decenas de contagiados que allí se habían producido.