El documento establece el marco, los principios, las pautas y la secuencia que, a juicio del movimiento social de la discapacidad, deberían seguirse por parte de las administraciones tanto estatal, como autonómicas y locales, y de las organizaciones sociales colaboradoras de las redes públicas, en el proceso de transición hacia la reanudación de los servicios sociales, paralizados, suspendidos o reducidos, “en lo más crudo del estado de alarma decretado para luchar contra la pandemia”, según explica el Cermi.

Bajo el título ‘Propuestas del movimiento Cermi para un plan de transición hacia una nueva normalidad en la cartera de servicios destinados a las personas con discapacidad’, los planteamientos del sector social de la discapacidad, inspirados por un afán colaborativo con los poderes públicos, pretenden recuperar “la plenitud en la prestación de estos servicios, aunando protección a la salud con el derecho a una atención social adecuada”.

“Pero no se detienen ahí, sino que también señalan los cambios que los servicios sociales deben experimentar tras el duro aprendizaje de la pandemia, con desproporcionados efectos en las redes sociales de la discapacidad”, añade el Cermi.

Así, la entidad apunta que este documento aspira a ser útil a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas en el “necesario acuerdo conjunto que han de lograr para planificar, programas y calendarizar, con dotación de recursos económicos añadidos, para que la transición a la nueva normalidad no fracase, introduciendo más fragilidad a unas estructuras de por sí precarias e infrafinanciadas”.