Así lo anunció este lunes el titular de este departamento, Alberto Garzón, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas adoptadas en materia de protección de los consumidores y a instancias de los grupos parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos.

Durante su intervención, que comenzó trasladando sus “condolencias” a los afectados por la pandemia, su “agradecimiento” a quienes luchan contra ella así como a los propios grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia para “poder rendir cuentas”, Garzón admitió que el sector del transporte aéreo es la "mayor preocupación" de su departamento dado que la AESA ha calculado que hay ya unas 700.000 reclamaciones pendientes por cancelación de vuelos.

Garzón recordó que las aerolíneas tienen la “obligación legal” de devolver el dinero a los usuarios afectados pero admitió que, “realmente”, no existen “mecanismos extrajudiciales que obliguen a esas empresas” y que el "recorrido" que tiene que hacer un consumidor en caso de que no haya una resolución "rápida" con la aerolínea es "ir a los juzgados”. "Un recorrido tan costoso en términos de tiempo y, a veces, de dinero que la mayor parte de la gente no lo recorre”, lamentó.

En este punto, criticó que las aerolíneas “se van de rositas porque la barrera de entrada para poder acceder a esa resolución es muy alta” y advirtió de que, para evitarlo, Consumo fomentará dicho mecanismo y ya está “en conversaciones” con la AESA para “concretarlo”.

Asimismo, está "trabajando" con el Ministerio de Justicia para sacar adelante un mecanismo de "mediación no obligatorio pero que pueda ayudar a reducir el cuello de botella" de las administraciones públicas. "Pretendemos que, en casos específicos como el de transportes, puedan tener otros instrumentos de mediación", abundó, convencido de que "todo lo que sea salirse del ámbito judicial es bueno para el consumidor, porque llegar a juicio es costoso para la ciudadanía".

Para el titular de Consumo, “no puede ser” que los consumidores tengan que acudir a los jueces y contratar abogados para, “en última instancia", recibir la devolución de un ticket "al que tienen derecho en cualquier caso".

“Es un problema que tenemos que abordar estructuralmente y de manera coyuntural”, alertó, al tiempo que recordó a las aerolíneas que "tienen que devolver ese dinero" y que su ministerio "va a trabajar para garantizar esa devolución” que se debe realizar "por sentido común".

Por otra parte, consideró "conservadora" la estimación de la AESA al tiempo que vaticinó que, si se “extiende” a otros sectores, serían “millones de reclamaciones” que ni la administración pública ni las comunidades autónomas “tienen la capacidad ni recursos suficientes para tramitarlas de la forma óptima", dado que, a su entender, los recursos todavía no son los suficientes ni incluso para procedimientos normales”.

“Para una avalancha de estas características, probablemente, la preparación sea todavía más ineficiente”, agregó, convencido de que la actitud y la relación con todas las comunidades autónomas y partidos políticos está siendo “excelente” de cara a la estrategia de desescalada y el impulso de ese sistema arbitral de consumo.

Un mecanismo extrajudicial que, para Garzón, “funciona muy bien tanto para la resolución de los problemas como para evitar ese cuello de botella muy importante”.

“Recurrir a un sistema arbitral de consumo, fomentarlo y reforzarlo es un elemento para este ministerio fundamental en el trabajo con las comunidades autónomas”, incidió, haciendo referencia, en el mismo sentido a la importancia de reforzar la vigilancia del mercado y la inspección sobre productos semisanitarios como las mascarillas que, en algunos casos vienen “sin etiquetar o inducen a error y a un riesgo para la salud pública porque generan una sensación de falsa seguridad”.

“No es un detalle menor, sino un detalle con implicaciones potenciales muy peligrosas", señaló, para deslizar que, por este motivo, su departamento instó a las regiones a que reforzaran su acción de "control".