Así se recoge en el informe de 2019 de la institución presentado este miércoles en el Congreso, donde el Defensor llama a aumentar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Este retraso es lo más preocupante", indicó el Defensor respecto del SAAD, que a su juicio no tiene capacidad "para incorporar en un plazo razonable a todas las personas reconocidas como dependientes pero sin prestación o servicio aprobados".

"En algunas comunidades autónomas, además, la valoración del grado de dependencia se demora en exceso", agregó. Por otro lado, la institución admite que realizó numerosas recomendaciones y "recordatorios de deberes legales" a las administraciones tras detectar demoras y retrasos en los procesos de valoración del grado de discapacidad, y criticó la falta de "avances significativos" en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, pieza fundamental para acceder a la protección social de las administraciones públicas.

También pidió a las comunidades autónomas agilizar el acceso a los servicios de la atención temprana y ser más transparentes en la adjudicación de plazas.

En este sentido, recomendó a la Comunidad de Madrid la publicación periódica de la situación de las listas de espera y de las plazas adjudicadas en la correspondiente página web "de manera clara, estructurada, accesible y comprensible".

TRANSPORTES

Por otro lado, la institución también se ocupó de las dificultades a las que se enfrentan los viajeros con movilidad reducida. En este contexto, reclamó a Renfe que mejore la información sobre la accesibilidad de las estaciones e instó a la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) a vigilar que las más de 600 empresas que prestan el servicio de transporte por carretera ofrecen una información adecuada sobre accesibilidad de estaciones y vehículos.

En 2019, el Defensor formuló dos recomendaciones -aceptadas- para proteger a las personas ciegas en la firma de contratos privados sin la intervención de notario, a fin de garantizar que los firmantes han tenido acceso al texto del contrato y a su pleno conocimiento.

EMPLEO

En cuanto a la formación ligada al empleo, el Defensor del Pueblo constata casos en los que las administraciones públicas no facilitan las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan participar en acciones formativas, tal y como dicta la legislación.

El informe recoge casos en los que los servicios públicos de empleo seleccionaron a una persona con discapacidad para participar en una acción formativa, pero ni la Administración ni la entidad que impartía la formación le facilitaron las adaptaciones que necesitaba para poder recibirla, por entender que no les correspondía hacerse cargo de su coste.

Cita una de las quejas recibidas en este sentido por parte de una persona con discapacidad auditiva, a la que no se le facilitó intérprete de lengua de signos. En lugar de ello, en este caso, la Comunidad de Madrid instó a la interesada a optar por acciones formativas a las que pudiera adaptarse en atención a sus circunstancias personales, lo cual “invertía los principios que sustentan la inclusión de las personas con discapacidad, pretendiendo que sean las circunstancias de la persona (se entiende que las determinadas por su discapacidad) las que deban adecuarse a las características de la acción formativa”.