Por ello, pidió al Gobierno la puesta en marcha de medidas concretas para un sector compuesto en su mayoría por pymes y micropymes, cuya supervivencia corre un serio peligro.

En españa, unos 4 millones de personas son usuarios crónicos de prótesis y, por este motivo, el Gobierno consideró que se trataba de un servicio esencial y permitió a los centros seguir abiertos.

Sin embargo, su actividad se redujo un 95%, con una media de dos pacientes al día, debido a la falta de recetas, la ausencia de consultas en las especialidades médicas y al propio temor de los usuarios que preferían retrasar su visita a la ortopedia.

Además, al ser considerados un servicio esencial, los establecimientos no pudieron acogerse ni a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor, ni a la moratoria de pago en los seguros sociales ni a una infinidad de subvenciones previstas.

Pablo Pérez Aragundi, presidente de la Federación, explicó que “hemos abierto para dar servicio a los pacientes durante la crisis porque nos necesitaban y no queríamos dejar en la estacada a personas con discapacidad que de por sí son más vulnerables. Ahora bien, si seguimos así vamos a tener que cerrar”. Por eso, reclamó medidas específicas para estos centros, que prestan servicios sociosanitarios.