Los firmantes expresan en el texto su "más radical rechazo a las palabras de la señora Álvarez de Toledo", que describen como "de una bajeza moral insuperable" por "utilizar" a Javier Iglesias "en la contienda política para atacar a un vicepresidente del Gobierno de España y diputado de un partido rival".

Añaden que lo hizo "a sabiendas de que idénticas imputaciones ya han sido rechazadas por los tribunales con anterioridad" y critican además sus acusaciones "por hacerlas buscando la protección e inmunidad por su condición de diputada en sede parlamentaria".

Además, muestran su "profundo apoyo y respeto personal y profesional por Javier Iglesias Peláez, que en su condición de inspector de trabajo y Seguridad Social desde el año 1979, ha dedicado toda su vida profesional a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, habiendo demostrado siempre su compromiso con los valores democráticos y la Constitución Española de 1978".

Aparte de los compañeros de trabajo de Iglesias en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, verdaderos promotores del manifiesto, que habla del interesado como su "compañero", se han adherido a él antiguos presidentes y portavoces del secretariado permanente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), sindicato del que Javier Iglesias formó parte, como Mercedes Martínez, Fermín Yebenes, Julián Lobete y Juan Ramón Seco.

También lo firman el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, su compañero en la ejecutiva Agustín Moreno, abogados laboralistas como Enrique Lillo, los catedráticos de derecho laboral Antonio Baylos, Joaquín Aparicio y Juan López Gandí, además de antiguos altos cargos en la seguridad como Javier Aibar y Hector Maravall.

En una interpelación de la pasada sesión de control al Gobierno, el miércoles en el Congreso, Álvarez de Toledo respondió a las continuas referencias que Pablo Iglesias hizo de ella como "señora marquesa" afirmando que los hijos no son responsables de lo que hayan hecho sus padres, pero contraatacando con que el vicepresidente habría sido "hijo de un terrorista", ya que él mismo dejó escrito en un artículo que su progenitor militó en el FRAP.

Se refería al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización violenta de extrema izquierda que perpetró tres asesinatos entre 1973 y 1975, año en que tres de sus militantes fueron los últimos ejecutados por el franquismo. En 1978 se disolvió.

Ayer mismo, Álvarez de Toledo insistió en una conferencia en que era "un hecho fáctico" que Javier Iglesias había sido un terrorista, mientras desde Podemos se le respondía que el padre del vicepresidente sólo estuvo en la cárcel por repartir propaganda sindical y antifranquista, y dando a entender que una organización que combatió a la dictadura no puede ser considerada propiamente terrorista.