Este trabajo, en el que participaron las fundaciones tutelares de la red de la AEFT, hace una radiografía de la población apoyada por estas entidades y concluye que el 47% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza o en situación de pobreza relativa.

Ello dificulta aún más el acceso a derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad, como el de elegir su lugar de residencia, contar con los apoyos que precisen y ser parte de la comunidad en igualdad de condiciones, según indicó la entidad.

El estudio señala que una amplia mayoría de estas personas se ocupan en Centros Especiales de Empleo, pero ha habido un aumento del porcentaje de personas que cuentan con un empleo ordinario. Sin embargo, un 15% de las personas apoyadas no tiene ninguna ocupación.

Ha crecido el número de quienes viven de forma independiente, aunque la mayoría de las personas apoyadas por esta red están institucionalizadas.

Según la AEFT, esta situación puede responder a la falta o imposibilidad de acceso a otros recursos, a situaciones sobrevenidas o a una decisión tomada por la propia persona. "Debemos indagar en el motivo y trabajar para ofrecer oportunidades a quienes desean vivir en otro tipo de hogar”, propuso.

El estudio revela, además, que el 10% de las personas apoyadas por estas entidades han sufrido situaciones de abuso o violencia, incluyendo la violencia de género. Por este motivo, se ha creado un Observatorio de Derechos para detectar casos de abuso o violencia y poder darles respuesta de manera eficaz entre toda la red.

Como dato positivo, la investigación identifica un cambio de tendencia en el tipo de sentencias que se dictan en los procesos de modificación de la capacidad jurídica. En los últimos años, se observa una disminución del número de tutelas frente a las curatelas, siendo estas últimas figuras más adaptadas a los apoyos y necesidades de las personas y, por tanto, más acordes con la Convención de la ONU.