De esta forma, se inicia el trámite parlamentario para incorporar esta dimensión de la accesibilidad universal en la Ley General de Discapacidad, tal y como planteó el movimiento Cermi, para cumplir así uno de los mandatos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.

Ahora, el texto legal pasará al Congreso de los Diputados, donde se tramitará como proposición de ley, con posibilidad de enmiendas, aprobación en Comisión y Pleno, y remisión al Senado. Finalmente, quedaría aprobada, salvo que la Cámara Alta introdujera enmiendas, en cuyo caso regresaría la proposición de ley a la Cámara Baja para volver a someterse a debate y votación definitiva.

El Cermi y plena Inclusión agradecen el apoyo de las fuerzas parlamentarias y reclaman que se tramite el texto “con la máxima celeridad, pues permitirá avanzar en el objetivo de remover obstáculos para una mayor participación e inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”.

“La accesibilidad universal es una realidad evolutiva que va ampliándose y perfeccionándose conforme a las demandas sociales, transformación que ha de tener su reflejo en la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad, que ha de ir acompasándose a los nuevos horizontes y requerimientos de la accesibilidad”, añaden ambas entidades.

Además, destacan que la proposición de ley fija un plazo de dos años para la aprobación de un plan nacional y la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva.

QUÉ ES LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Como explican Cermi y Plena Inclusión, este tipo de accesibilidad facilita el uso y la comprensión de entornos, productos, servicios o procesos como medios de transporte, libros o aplicaciones para teléfonos móviles.

La norma beneficiará a todas las personas, pero especialmente a personas con dificultades de comprensión como personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, autismo, parálisis cerebral, trastornos de salud mental, personas analfabetas adultas o migrantes que no conocen el idioma, entre otras.

Existen diversas estrategias para favorecer la accesibilidad cognitiva como la lectura fácil (sobre la que España cuenta con la primera norma del mundo), la mejora de la orientación en entornos, la tecnología o los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

Según exponen Cermi y plena Inclusión, la ley beneficiará a una gran parte de la población ya que, en España, hay 268.633 personas con discapacidad intelectual, 481.544 personas con trastornos de salud mental y 8.657.705 personas mayores. Se estima que la población que necesita la accesibilidad cognitiva es una de cada tres personas.