En su solicitud, el Cermi señala que el movimiento de la discapacidad de iniciativa social en España es titular o gestiona por delegación o concierto públicos buena parte de los recursos residenciales para personas con discapacidad, incluidas personas con discapacidad mayores, por lo que “es vital tener presencia en ese grupo de trabajo oficial, y aportar al mismo la visión y propuestas de esta parte de las estructuras del bienestar del país”.

“El impacto de la pandemia ha sido desproporcionado en el sector de la discapacidad -en vidas y en destrucción económica y red social- y muy particularmente en los recursos asistenciales habitacionales, lo que hace preciso y acelera un proceso anterior y en marcha de repensar y reconfigurar las instituciones colectivas de la discapacidad, para transitar a respuestas inclusivas, insertadas plenamente en la comunidad. Este es un horizonte irrenunciable, para materializar el derecho a ser incluido en la comunidad y llevar una vida independiente, libremente elegida, con los apoyos adecuados”, avisa el Cermi.

A su juicio, todas estas dimensiones han de ponerse de manifiesto en el grupo de trabajo creado por el Estado y las comunidades autónomas para que el debate y las propuestas que de él surjan sean completas e integren y asuman a todos los operadores sociales y grupos de interés, para contribuir a esa reformulación de las redes habitacionales colectivas para personas mayores y personas con discapacidad.