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Plena Inclusión tilda la reforma legal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de "avance histórico"

MADRID

El presidente de Plena Inclusión España, Santiago López, aplaudió este martes la aprobación del anteproyecto de reforma de la legislación civil que eliminará la incapacitación judicial total por motivo de discapacidad para promover la libre toma de decisiones de estas personas con los apoyos precisos.

En declaraciones a Servimedia, López destacó que "se trata de un avance histórico en la defensa de los derechos" de este colectivo, que aunque ya se recogía en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas Con discapacidad, aún no se había implantado en la legislación española.

De hecho, la reforma, que ahora deberá seguir el trámite parlamentario correspondiente, supone modificar varias normas del ordenamiento jurídico, como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Notariado, entre otras.

Según López, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo incapacitadas judicialmente "han sido víctimas de una discriminación histórica en España", que urgía corregir. La reforma busca acabar con la eliminación total de la capacidad de obrar, que es lo que hasta ahora sucedía, explicó, y sustituirla por un modelo de toma de decisiones en el que prime la voluntad de la persona, eso sí, "garantizando siempre todos los apoyos que sean precisos".

Está en línea con la Convención de Naciones Unidas, su clave está en remplazar la figura del tutor que "decide por la persona incapacitada" por la del curador o similares, que "apoya, explica y aconseja" para que esta decida libremente.

En este terreno es donde López encontró que el texto presenta ciertas "lagunas", pues no aclara "ni cómo serán esos apoyos ni cómo se financiarán", aunque se mostró convencido de que "podrá mejorar a su paso por el Congreso y por el Senado". "Nos hubiese gustado que el anteproyecto fuese más concreto en este asunto tan importante", declaró.

Por otro lado, López se felicitó de que el texto prohíba que las mismas entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad puedan actuar como curadores. "Hemos evitado que sean juez y parte y, con ello, el posible conflicto de intereses que puede suponer".

CONCIENCIACIÓN

Finalmente, se refirió a la necesidad de formar a los agentes jurídicos, "fundamental para que "una reforma tan ambiciosa tenga éxito". Supone un nuevo enfoque a la hora de tratar con las personas con discapacidad en el ámbito judicial y, por ello, hace falta "un cambio general en la sociedad".

En su opinión, el anteproyecto debería haber puesto más énfasis en este sentido, pero "eso no quita para que nos sintamos muy satisfechos". Eso sí, "habrá que seguir trabajando".

(SERVIMEDIA)
07 Jul 2020
AGQ/gja/

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