La diputada acudió al Supremo quince minutos antes de la hora fijada para su declaración y llegó a pie acompañada por sus abogados. En su comparecencia estuvo presente, además de su representante legal, la abogada del empresario y amigo de la portavoz supuestamente favorecido, Marina Roig.

Borràs apenas ha estado media hora en la sede del Supremo. A su salida ha dicho a los periodistas que no va a “colaborar con la injusticia” y que ha solicitado una prueba pericial tras la cual solicitará declarar de manera voluntaria. Además, aseguró que no piensa dimitir porque hacerlo sería tanto como admitir que había hecho las cosas mal.

Las presuntas infracciones penales por las que se le va a preguntar tienen que ver con la adjudicación supuestamente irregular de varios contratos a la empresa de un amigo de Borràs mientras era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Según la exposición razonada del juez de instrucción número 7 de Barcelona que remitió la causa al Supremo por afectar a una aforada, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs se procedió, de acuerdo con Isaías Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros.