Según la Memoria de la Fiscalía publicada hoy, el organismo ha detectado varios casos de personas que ostentan la tutela o guarda de hecho de personas que han impedido el acceso de familiares o allegados para visitarles, incluyendo los propios hijos del residente.

De hecho, sostiene el Ministerio Público que hay quienes han dado instrucciones a la dirección de las residencias donde se encuentran internadas para que no permitan el acceso de otros familiares, algo que “implica una limitación en la libertad de las personas que afecta a sus derechos fundamentales y personalísimos”.

A juicio de la Fiscalía, es precisa, “como mínimo”, una “justificación válida y suficiente y una comunicación al Ministerio Fiscal” como responsable de supervisor de tutelas. Además, en caso de ser necesario habría que contar con una “autorización judicial respecto a la limitación del derecho a mantener relaciones con sus hijos y otros allegados”, defiende el organismo.

Por tanto, para la Fiscalía “resulta procedente la expresa regulación del derecho de las personas con discapacidad a relacionarse con sus parientes y personas allegadas” en el mismo sentido que se reconoce en el Código Civil a los menores.

Estas restricciones de visitas, por tanto, podrían ser fijadas en la propia sentencia de declaración de restricción de capacidad, o bien en procedimiento de juicio verbal o en procedimiento de jurisdicción voluntaria.