Según explica la Memoria dada a conocer por la Fiscalía con motivo de la apertura del Año Judicial, tras la reforma de 2015, una persona incapacitada para expresar su consentimiento de forma permanente solo podrá ser sometida a esterilización si un juez lo autoriza en el procedimiento de modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, "a instancias del representante legal de dicha persona, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal y previo examen por el juez del afectado que carezca de capacidad para prestar su consentimiento".

Sin embargo, la legislación procesal civil española no recoge de forma expresa "dicho procedimiento contradictorio", lo que "está generando dudas interpretativas". Así lo ha puesto de relieve, por ejemplo, la Fiscalía de Área de Alzira. Según el departamento que dirige Dolores Delgado, resulta "necesario abordar la regulación de un procedimiento especialmente garantista y con la debida intervención del Ministerio Fiscal" en este ámbito, dada "la enorme incidencia de esta cuestión para los derechos de las personas con discapacidad".