Tras los cambios pactados en el Senado por el Gobierno con distintos partidos, entre ellos el PP, la ley obtuvo hoy el visto bueno del Congreso con dos grupos de enmiendas introducidas por consenso. Así los cambios de la disposición adicional segunda recibieron 290 votos a favor, 52 en contra y 5 abstenciones. El otro grupo enmiendas, que incluía el resto de las modificaciones, tuvo 280 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones.

Antes de esta votación, Campo tomó la palabra y agradeció el “esfuerzo de todos” para lograr el acuerdo en esta ley y pidió no abandonar “este camino”, puesto que “el consenso no es un fin, pero es una manera importante de trabajar que nos puede llevar a resultados” como el de esta ley para hacer frente a los tribunales a los efectos del coronavirus.

A este respecto, señaló que esta voluntad de acuerdo en lo referido a la pandemia puede servir para afrontar entre todos los partidos la modernización de la Justicia “que todos deseamos que sea mejor de lo que ha sido hasta ahora”.

“ALTO GRADO DE COLABORACIÓN”

En este sentido, el diputado del PSOE Francisco Aranda explicó los cambios introducidos en el Senado. Indicó que dos de las enmiendas tenían que ver con ampliar los plazos concursales; una estaba destinada a liberar a los profesionales jurídicos de la cita previa contemplada para el resto de la ciudadanía; y otra otorgaba a los tribunales superiores de las comunidades la competencia para conocer la autorización por ratificación medidas sanitarias de ámbito diferente a la estatal.

Por su parte, en nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Jerez se refirió a que el texto aprobado este miércoles por el Pleno del Congreso había sido “ampliamente transformado” respecto a lo planteó el ministro Campo. Sostuvo que la tramitación parlamentaria de la norma ha demostrado que “el texto inicial estaba cargado de imperfecciones” y “llegaba sin consenso y sin una negociación con los principales afectados”.

Jerez reconoció el “alto grado de colaboración entre el Gobierno y los grupos parlamentarios” para introducir las mejoras, aunque dijo que se han cometido “errores irreparables”. Citó al respecto que se obligara a jueces y profesionales jurídico a trabajar en agosto, lo que implica que “se les ha negado el descanso, la conciliación familiar y unas vacaciones ganadas”.