En un comunicado, lamentó "el abandono" por parte de las autoridades públicas hacia los 4.000 centros y servicios que atienden a personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral.

Explicó que “las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos, a fin de adaptar todas las instalaciones y adquirir equipos de protección. "Estos sobrecostes" recaen de forma exclusiva en las entidades, que hasta ahora no han recibido ninguna ayuda.

"En el más de medio siglo de historia de nuestro movimiento asociativo, nunca antes habíamos vivido una situación tan crítica”, lamentó el presidente de la federación, Santiago López.

Según apuntó, "somos conscientes de que vivimos una emergencia social" y, "precisamente por ello, las administraciones públicas deberían garantizar las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables". Desgraciadamente, esto no está ocurriendo”, concluyó.