Álvarez realizó estas declaraciones ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde detalló sus objetivos en este ámbito. En primer lugar, se refirió a la reforma del artículo 49 de la Constitución para remplazar el término "disminuido" por "persona con discapacidad" y actualizar su redacción, un proyecto que el Ejecutivo incluyó en su calendario normativo para 2020.

También mencionó el anteproyecto de ley para reformar la legislación civil y procesal en lo referente a las personas con la capacidad jurídica modificada, que busca sustituir la figura de la tutela de los mayores de edad por un sistema de garantía de apoyos en la toma de decisiones. A su juicio, "avanzar en este terreno será un verdadero logro para las personas con discapacidad" y cumple con lo establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de ete colectivo.

Asimismo, citó la modificación del artículo 56 del Código Penal para ilegalizar la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y destacó como estos tres proyectos legislativos supondrán "un avance fundamental en los derechos" del colectivo durante los próximos meses.

Álvarez se refirió, además, al real decreto sobre discapacidad intelectual límite y a la "necesidad de impulsar", junto al Ministerio de Sanidad, la ley de atención temprana en la infancia.

Por otra parte, subrayó "el reto de la accesibilidad universal" y aseguró que España "tiene la oportunidad de ser conocida en el mundo como un país accesible". Para ello, dijo, "debemos garantizar que en las licitaciones de obras públicas se cumplen estos requisitos".

Finalmente, Álvarez avanzó que se aprobará una nueva Estrategia Nacional de Discapacidad y aludió a "la sensibilidad del Gobierno" hacia los problemas en la comunicación que en particular sufren las personas con sordera a causa de las medidas sanitarias motivadas por la Covid-19.

El pasado 3 de septiemre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió con el promotor de una campaña para regular el uso de mascarillas transparentes con las que las personas sordas puedan comunicarse, Marcos Lechet. El ministerio trasladó entonces que aún no existe una norma de estándares mínimos definida, pero que ya hay tres prototipos por desarrollar y que se trabaja en una solución.