En concreto, la reforma busca eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de dichas personas, autorizadas por un órgano judicial.

Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres. Varios de sus miembros asistieron en una sala contigua al debate y votación del informe elaborado en los trabajos preparatorios por la ponencia de esta comisión, que contenía dos enmiendas del PSOE que daban lugar a la formulación de una nueva disposición final tercera respecto a la propuesta que llegó del Senado.

De hecho, mientras que la parte principal del informe fue aprobada por unanimidad, esta nueva disposición -originada en una transaccional del Grupo Socialista- contó con el rechazo de los 14 diputados de PP y Vox. Con todo, fue aprobada por 21 votos a favor, por lo que se incorporará al texto que ahora deberá debatir el Pleno de la Cámara Baja.

La nueva disposición final tercera hace referencia a la necesidad de modificar las leyes orgánicas sobre Autonomía y Derechos del Paciente y sobre Salud Sexual y Reproductiva, a fin de garantizar que las personas con discapacidad reciben la información que precisan en "canales, medios y formatos accesibles" para que “la decisión que adopten sea libre, consciente e informada”.

Para ello, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reforme esta legislación, a fin de asegurar este derecho y también la garantía de que los poderes públicos velarán por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

DEBATE

Según el portavoz de Vox, José María Sánchez, esta referencia a la información y a la educación en materia de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad “enmascara un afán totalitario, muy propio de este Gobierno”. “Mucho nos tememos que lo que se pretende realmente es incorporar un sesgo ideológico que, en esta cuestión moralmente tan relevante, es de todo inadmisible”, recalcó. “Si se despenaliza toda esterilización no consentida y se habla de una decisión libre, libre ha de ser”.

La portavoz del PP en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad del Congreso, María del Carmen González, manifestó también su rechazo a esta nueva disposición y pidió votar la vuelta al texto original que llegó del Senado. La Comisión de Justicia rechazó esta posibilidad por 21 votos en contra.

En opinión de González, “el Grupo Socialista ha hecho todo lo posible por romper el consenso inicial” que cosechó esta norma, que “además cuenta con el beneplácito de Cermi”.

No obstante, reiteró el compromiso del grupo popular con la reforma del Código Penal para la ilegalización de las esterilizaciones no consentidas. El portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Luis Sahuquillo, defendió que para “garantizar el acceso a la educación y a la información en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad”, la reforma “ha de incardinarse” en las leyes sobre Autonomía del Paciente y del Derecho a la salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por ello, pidió a los diputados del PP que “abandonen su animadversión” hacia esta última, que “es una legislación vigente”. “No tengan tanto miedo a que las personas, incluidas aquellas con discapacidad, actúen libremente”.

APOYO A LA REFORMA

Sahuquillo también aseguró que, “con la aprobación de este dictamen, estamos dando un gran paso adelante” en la adaptación de la legislación española al mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto a sus artículos 23 y 25. "Urge por tanto reformar el artículo 156 del Código Penal”, prosiguió, ya que “atañe a cuestiones de derechos humanos y de integridad física, sobre todo de muchas mujeres, y también porque el Comité de la ONU lleva mucho tiempo alertando a España en este sentido”.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, destacó también la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas y se felicitó por el paso dado.

Según la portavoz de Unidas podemos, Marisa Saavedra, “es una satisfacción y un orgullo para nuestro país profundizar en esta cuestión de derechos”.

De igual modo, el diputado de Vox se mostró favorable a reformar el Código Penal para que todas las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad sean punibles. En su intervención, la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, subrayó el impacto que esta práctica ha tenido en la vida de miles de personas con discapacidad, la mayoría mujeres, que se vieron sometidas a ella “porque pensaban que era lo que tenían que hacer, que no tenían otra oportunidad”.

“Nunca dispusieron de la información necesaria para tomar esta decisión, que afecta al derecho fundamental más importante, el de la dignidad de las personas“. Por ello, Giménez apeló a la unanimidad de todos los grupos y reclamó “altura de miras”. Además, mostró su voluntad de que la reforma se tramite con celeridad para que pueda ser aprobada lo antes posible.

Los representantes de PSOE, Unidas-Podemos, la Izquierda Plural, PP y Ciudadanos destacaron el impulso de Cermi, Plena Inclusión y de otras asociaciones de personas con discapacidad a esta propuesta de ley y les agradecieron su trabajo de tantos años: “Es una reivindicación histórica del movimiento de la discapacidad”.