Por este motivo, la federación ha presentado sus enmiendas al proyecto de ley y ha iniciado una serie de encuentros con representantes políticos de los principales partidos parlamentarios.

En un comunicado, Dincat valoró muy positivamente la reforma, que “contempla pasar de un modelo de incapacitación jurídica a un modelo basado en los apoyos para que las personas con discapacidad intelectual puedan tomar sus propias decisiones”, como el lugar donde quieren vivir o, incluso, su orientación sexual.

Según Dincat, esta modificación “supone un paso adelante que nos encamina y alinea con la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, empoderándolas cada vez más”.

Sin embargo, consideró que la nueva ley debe “ser eficiente y tener en cuenta las necesidades de apoyo de todas y cada una de las personas” para lo que debe ofrecer “toda la información y recursos necesarios” a fin de que estas personas, sus familias y las entidades representativas puedan adaptarse a la nueva realidad.

Destacó la necesidad de que “la futura ley ponga a su alcance los mecanismos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual que lo necesiten puedan tomar decisiones según su voluntad, deseos y preferencias con las garantías necesarias para evitar que sufran ningún tipo de abuso”. Del mismo modo, Dincat exigió acompañar la ley de “una dotación económica suficiente” y de “los recursos necesarios que eviten el colapso de los juzgados y, por tanto, largos retrasos en la tramitación de los asuntos de las personas con discapacidad intelectual”.

Esta reforma de la ley estatal se está trabajando al mismo tiempo y en paralelo a la reforma del Código Civil Catalán que, a día de hoy, se encuentra en pleno proceso de participación ciudadana. En este sentido, Dincat pidió que la reforma estatal no impida llevar a cabo las modificaciones que previsiblemente se producirán en esta misma materia en el Código Civil Catalán.