En concreto, persigue eliminar el párrafo segundo del artículo 156 que en la actualidad despenaliza las esterilizaciones no consentidas de dichas personas cuando están autorizadas por un órgano judicial.

Esta iniciativa, presentada por el grupo de Ciudadanos en el Senado, ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres.

Tras su paso por la Comisión de Justicia del Congreso, el texto incorporó una nueva disposición final tercera a partir de dos enmiendas presentadas por el PSOE.

De esta forma, insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley para modificar las Leyes Orgánicas de Autonomía del Paciente y de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, a fin de garantizar que las personas que requieren apoyos reciben toda la información clínica que precisan en formatos y través de canales y medios accesibles -incluidos los telemáticos- para asegurar que adoptan "sus decisiones de forma libre, consciente e informada".

También pide a los poderes públicos que refuercen las garantías de acceso a la Salud Sexual y Reproductiva para las personas con discapacidad, como es "su obligación".