Este proyecto de ley persigue acabar con la incapacitación judicial completa -que afecta en gran medida a personas con discapacidad intelectual o afines- y sustituirla por un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las características de cada interesado, para que este pueda tomar sus decisiones de forma autónoma.

Por eso, la Comisión de Justicia desea escuchar la opinión de distintas instancias expertas para fijar mejor su posición sobre la iniciativa, explican desde el Cermi.

El proyecto de Ley, actualmente en trámite en la Cámara Baja, “aspira a reformar el Derecho Civil español para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los mandatos de igual capacidad jurídica del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

TAMBIÉN LA ONCE

Además del Cermi, comparecerán ante la Comisión la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT); la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); el Colegio de Registradores de España; y especialistas académicos en Derecho Civil como María Paz García Rubio, de la Universidad de Santiago de Compostela o Jordi Ribot Igualada, de la Universidad de Girona. Tras varios años de trabajos intensos en los que Cermi ha participado a través de consultas estrechas, el Gobierno remitió a las Cortes el pasado mes de julio este Proyecto de Ley, que para el comité “supone la mayor reforma del Derecho Civil de la etapa democrática”.