En una entrevista en Servimedia, Gamarra aseguró que el PP “por supuesto” que va a seguir defendiendo que los padres puedan elegir entre la educación ordinaria o la especial, “ambas con todos los medios suficientes para que realmente pueda ser inclusiva” la formación de los escolares con discapacidad.

Opinó que “no todos los niños con una discapacidad pueden realmente recibir la educación a la que tienen derecho en el ámbito de la educación ordinaria”, por lo que demandó que “no se hurte a los padres” la posibilidad de elegir qué modelo prefieren. “Esto para nosotros es irrenunciable”, ahondó la portavoz parlamentaria del PP.

De esta manera, la portavoz de los populares en la Cámara Baja hizo especial hincapié en que “el compromiso” que tiene el PP con la sociedad española y con las familias que tienen hijos con algún tipo de discapacidad pasa por llevar “hasta el final” la defensa de “ese modelo con libertad de elección”.

Así las cosas, criticó que “se cuestione y se condicione” en la nueva ley de educación promovida por la ministra Isabel Celaá esta capacidad de elección de las familias con niños con discapacidad. “El movimiento asociativo y la educación especial piden garantizar que los padres puedan elegir si quieren la ordinaria o la especial”, se reafirmó.

CONTRA LA "IMPOSICIÓN"

Precisamente, Gamarra cargó con dureza contra la denominada ‘ley Celaá’ porque “es una imposición, no tiene consenso, no tiene acuerdo, no tiene debate y no tiene diálogo”. “Pero permitirá que por la puerta de atrás, para cuando acabe la pandemia, el Gobierno socialista y comunista haya cambiado el modelo educativo en nuestro país”, se revolvió.

Censuró que el Gobierno, cuando debería estar “centrado en luchar contra virus”, aproveche “este momento de gran debilidad social por la preocupación de lo que significa una pandemia” para proseguir “en su hoja de ruta de cambiar nuestro modelo de país”. A su juicio, esto también implica “el cambio del modelo educativo y ese cambio se llama 'ley Celaá'”.

“No sólo no se ha sometido al informe del Consejo de Estado y del consejo escolar, sino que la propia coalición ha autoenmendado más de 88 artículos, lo cual ya dice mucho del proyecto de ley que presentaron al que en estos momentos se está tramitando”, prosiguió Gamarra, para quien “el último ejercicio de falta de diálogo y de consenso” se produjo esta semana cuando con los votos del PSOE y Podemos se acordó “que no se produzcan comparecencias durante esta tramitación”.

Gamarra explicó en que “eso significa que la comunidad educativa nuevamente es apartada durante la tramitación parlamentaria” y “ni tan siquiera va a poder comparecer en el Congreso como lo ha hecho siempre en todas las modificaciones de leyes educativas que se han llevado a cabo”.

En esta tesitura, Gamarra adelantó a Servimedia que el PP organizará unas jornadas parlamentarias para que “el que quiera pueda comparecer”. Así, en las próximas semanas el Grupo Popular dará la posibilidad de exponer su punto de vista a las entidades del ámbito educativo.