Los medios de comunicación y los periodistas están fallando al derecho a la información de las personas con discapacidad intelectual. Es la principal conclusión de un informe presentado este martes por la Fundación A la Par y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en un acto al que ha acudido la reina Letizia, periodista antes que reina.

“Se ha ido ampliando el derecho a la información de la población pero, en su exceso, puede dejar a atrás a los más vulnerables”, alertó la presidenta de la fundación, Almudena Martorell. Según el estudio, los principales frenos a la información para estas personas son la falta de accesibilidad en los contenidos, la forma en que se redactan las noticias y el enfoque.

Para casi el 42% hay demasiadas noticias, mientras que el 26,4% asegura que los medios de comunicación “hablan de personas que no conozco” o que, simplemente, no les importan. De hecho, para un 22% el problema es que los periodistas “no hablan de personas como yo”, dejando patente la poca visibilidad de la discapacidad intelectual en la prensa.

Según el autor del informe, Jordi Ballera Pérez, “les cuesta entender todas las noticias de la manera en que están redactadas”. Y es que no existe accesibilidad en los medios de comunicación para que los textos estén en lectura fácil; es decir, con frases simples, cortas, explicativas y sin palabras complejas adaptadas a las personas con discapacidad intelectual.

Esta falta de comprensión de las noticias es un asunto grave, ya que la información es necesaria para desenvolverse libremente en la sociedad. “Tienen ideas que configuran el mundo social en el que se desenvuelven, no son sólo personas que habitan el mundo, sino que se posicionan política, ética y moralmente sobre los asuntos y no de forma caprichosa, sino por la información que reciben”, manifestó Ballera.

De hecho, el 42,1% de las personas con discapacidad intelectual entrevistadas para el estudio está muy interesado en las noticias y el 74,4% dice tener curiosidad por la actualidad. Sin embargo, este interés se topa con la incomprensión.

Casi el 40% afea que las noticias son demasiado largas y el 26,4% reprocha que utilizan palabras difíciles. La lectura fácil, como estas personas precisarían las noticias, no se estila en la prensa. De hecho, es un estilo enfocado a personas con discapacidad que ningún medio de comunicación generalista aplica.

Se caracteriza por evitar tecnicismos, emplear frases muy simples y sencillas explicando cada concepto y con un diseño muy limpio, con mucha separación entre párrafos, mayor interlineado y con una narración muy cuidada y adaptada. Este tipo de relatos son los que harían que una persona con discapacidad intelectual o inteligencia límite entendiera mejor las noticias, según los expertos.

En concreto, el estudio aborda la información que han recibido las personas con discapacidad intelectual durante la pandemia del coronavirus. El 75% tiene la sensación de que la prensa se ha olvidad de la existencia de su colectivo y de cómo les afecta la crisis y sólo el 38% cree que han tenido en cuenta sus necesidades de información.

Según el autor del informe, los medios de comunicación son especialmente importantes para el colectivo de la discapacidad intelectual porque tienden a dar por veraz cualquier información que consumen, siendo grandes víctimas de las noticias falsas y ‘fake news’ que circulan por Internet.

“Tienden a creerse todo lo que se publica. Si leyeran sólo prensa tradicional, sería un problema menor, pero se informan a través del móvil, como todos, y eso es un pasto para las fake news”, alertó Ballera. Y es que “no son capaces de discriminar la información”, lo que a veces les genera “confusión en muchos temas”.

Por tanto, la conclusión es que el derecho a la información de las personas con discapacidad intelectual está siendo vulnerado al no tener acceso a ella. Además de ser un derecho necesario para desenvolverse en cualquier sociedad, la información también es necesaria para decidir el voto.

En octubre de 2018 el Congreso de los Diputados reconoció el derecho al voto de cien mil personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que habían sido declarados “incapaces” para el derecho al voto por la Justicia.