Así lo aseguró durante un diálogo telemático organizado por Servimedia y Down España sobre ‘Educación Inclusiva. Cumplimiento de la Convención de la ONU’, en el que también participaron el presidente de Down España, Mateo San Segundo; el abogado Juan Rodríguez Zapatero; y Alejandro Calleja, padre del joven con síndrome de down Rubén Calleja.

Tiana matizó que, aunque se haya previsto un plazo de una década para cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con disapacidad y garantizar la inclusión educativa en España, “no quiere decir que hay que esperar 10 años para empezar a hacer cosas”, sino que es el plazo “máximo”. Para ello, recalcó, el Ejecutivo hablará con las asociaciones y las administraciones autonómicas y se comprometió a “poner los medios para que esto se pueda hacer”.

“Cuando la Ley esté aprobada se seguirá trabajando en esa dirección para que se pueda llevar a la práctica en el plazo más breve y con el mayor grado de acuerdo”, anunció. Además, el secretario de Estado recalcó que la reforma educativa “implica un compromiso de un plan para el fomento de la inclusión educativa en los próximos años”.

“La inclusión educativa es socialmente valiosa y deseable y como autoridades del Estado tenemos la obligación de dar pasos en esa dirección para conseguir el objetivo marcado por organismos internacionales”, agregó al manifestar su "voluntad" para cumplirla.

TODAS LAS POSICIONES

El secretario de Estado aseguró que entiende “todas las posiciones”, en referencia a las familias que defienden la inclusión educativa en centros ordinarios y otras que piden que sus seres queridos continúen en la educación especial.

“Forman parten del sistema la inmensa mayoría, pero queda entre un 15 y un 17% de personas con discapacidad que no están en centros ordinarios. Y es ahí donde se sitúa la cuestión que hay que abordar. Cuando llegué al Ministerio lo veía de otro modo”, confesó.

En este contexto, recalcó que la futura ley de Educación, en su disposición adicional cuarta, habla de que los centros de educación especial, “además de escolarizar a los alumnos con discapacidad que requieran una atención muy especializada actuarán como centros de referencia”.

“Entiendo todas las posiciones. Hay padres que también expresan casi con la misma angustia” que sus hijos salgan de esos centros de educación especial, añadió. “Me gustaría que la solución que encontrásemos huyese de las imposiciones”.

No obstante, Tiana recalcó que la inclusión es un derecho y que, “por encima de todo está el interés superior del menor”, aunque, “las familias son las que cuidan por el derecho de los hijos, y en ese sentido tienen participación”.

CULTURA INCLUSIVA

El secretario de Estado, además de anunciar que se contará “con más recursos para dar pasos adelante”, revindicó la necesidad de "otro ámbito más difuso que es de cambio cultural”, para lograr “una cultura de la aceptación de las personas como son, con su realidad y con la posibilidad de realización personal” en ámbitos como el educativo, el derecho al voto y la vida independiente".

Así, señaló, hay que tratar de “que se extienda una cultura aceptada de la inclusión para sentirnos todos integrados, quienes lleva a sus hijos a centros de educación especial y quienes pelean porque sus hijos vayan a un centro ordinario”.

Entre los desafíos que encuentra para lograr esa inclusión es contar con “los medios” adecuados y que se realice “de una manera singularizada” y con “cierta flexibilidad”. Además, Tiana resaltó que el profesorado debe contar con “competencias favorables a la inclusión”.

“Es mucho pedir que todo el profesorado sea especialista, pero debería tener una formación suficiente que le pueda permitir moverse en un contexto de inclusión educativa y luego contar con el personal de apoyo. Es una de las carencias que tenemos”, reconoció.

El ‘número dos’ de Educación apuntó que “el Ministerio llega hasta donde llega” y que “son las universidades y las agencias de acreditación las que establecen lo que se estudia”.

Pero, “si el profesorado no se va poniendo al día no se va hacer tan bien como se debería”, añadió, en referencia a que cada año sólo se renuevan por jubilación unos 15.000 docentes año entre los 500.000 profesores con los que cuenta la educación pública de un total de 750.000 docentes en todo el país.