La moción salió adelante por 24 votos a favor y cuatro abstenciones. La propuesta, impulsada por el Grupo Popular, pero que incluyó una enmienda del Grupo Socialista, llama a la aplicación real de una “ley pionera” para un sector que representa el 1,5% del PIB, da empleo a 645.000 personas y acoge a 1.300.000 voluntarios en España, según aseguró durante la defensa de la moción la senadora ‘popular’ Violante Tomás.

La parlamentaria reclamó reforzar el marco normativo que ampara a las organizaciones que atienden a más de siete millones de personas en exclusión o riesgo de estarlo y que cinco años después de la aprobación de la Ley continúa sin desarrollo, tras detenerse por la moción que expulsó del Ejecutivo al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese desarrollo, dijo, pasa por un programa de impulso para las entidades; el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, “como ámbito de diálogo y asesoramiento de políticas públicas”; la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector; un estatuto de organizaciones sociales “como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado” y la creación del inventario de entidades sociales.

La propuesta de los ‘populares’ también apuntó a “reactivar la comisión para el diálogo civil” con la plataforma del Tercer Sector, “para garantizar su participación en el diseño de políticas públicas que afecten a la población en riesgo de pobreza o exclusión y conocer los planes de apoyo”.

Tomás aplaudió que la enmienda socialista, aunque elimina el plazo temporal de seis meses para desarrollar la ley, enmarque el programa de impulso para el Tercer Sector en los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto se presentará este martes en el Consejo de Ministros.

La senadora del PSOE Estefanía Martín Palop aplaudió la aceptación de la enmienda socialista, pero calificó la moción del Grupo Popular como un “corta y pega” de otra propuesta que su grupo hizo en 2017. También aseguró que la Ley del Tercer Sector “es una ley que se quedó corta y tuvo muchas críticas en las comunidades autónomas y en el Tercer Sector” y lamentó los recortes del PP.

Martín Palop excusó asimismo la falta de desarrollo normativo con el estado de alarma decretado hace seis meses para frenar la pandemia y llamó al PP a que sea “un partido de Estado y responsable” como mostró en su negativa a la moción de censura de la semana pasada de Vox, y apoye los PGE para beneficiar al Tercer Sector.

POSICIONES

Durante el turno de fijación de posiciones de los distintos grupos, la senadora de Junts Per Catalunya María Teresa Rivero, protestó porque, en su opinión, “la ley discriminaba a las organizaciones que no tenían raíz estatal” e invadía competencias de la Generalitat. También lamentó la “resistencia absoluta” del Gobierno del PP a hacer un reparto del 0,7% para que los fondos llegasen a las entidades regionales y mostró su desacuerdo con políticas que, desde su perspectiva, suponen la recentralización y no ayudan a todas las entidades.

Por el Grupo de Ciudadanos intervino Tomás Marcos, que mostró su acuerdo en que “hay que impulsar ya la agenda legislativa”. “Sigue pendiente un reconocimiento de las organizaciones son gubernamentales como colaboradoras de la administración general del Estado, una demanda implícita del tercer sector de acción social”. También aseguró que la ley “no es de un partido o de otro”, sino que sea una ley “práctica, cercana y real y de impulso para el Tercer Sector”.

Por el Grupo Vasco, Nerea Aedo presumió de que su grupo “siempre” ha defendido al Tercer Sector, que no debe sustituir “lo que tiene que hacer la administración” y no hace “por dejación". La senadora puso de ejemplo el Tercer Sector vasco y aseveró que en esa comunidad autónoma ya hay una ley. “Nos regimos por ella porque tenemos competencias exclusivas”, agregó, rechazando la “clara invasión competencial” de la Ley estatal.

No obstante, reconoció que la normativa española sí necesita desarrollo para cubrir a todas las organizaciones, por lo que dijo que se abstendría a la moción.

La senadora catalana Sara Bailac (Esquerra Republicana-EH Bildu) también dijo que su grupo se abstendría en el voto a la moción y aseveró que “la economía social y solidaria debe ser uno de los motores del desarrollo y del crecimiento” y puso en valor que en su comunidad autónoma el sector está integrado por 7.500 entidades no lucrativas que atienden a más de un millón de personas. Asimismo, la parlamentaria llamó a modificar la fiscalidad antes del desarrollo de la ley 43/2015.

OTRAS DEMANDAS DEL SECTOR

Al inicio del debate, la senadora del Grupo Popular Violante Tomás aprovechó su intervención para insistir al Gobierno que la Vicepresidencia de Derechos Sociales "saque de una vez" los más de 30 millones de euros de la equis solidarias del Impuesto de Sociedades de 2018, “no sabemos si está durmiendo el sueño de los justos”. “Lo necesitan las entidades del Tercer Sector”, recalcó.

También pidió al Ejecutivo que las entidades del Tercer Sector sigan contando con el IRPF estatal del 20 por ciento y no el 14% "con el que ha amenazado" el Gobierno. "Supondrían una merma de más de 14,5 millones" de euros para las organizaciones, calculó.

Además, la senadora hizo suya la propuesta de la Plataforma del Tercer Sector para que el Gobierno cuente con la voz de las entidades en el Plan de Recuperación ante la “invisibiidad” del sector en la crisis del Covid-19 y para lograr “una verdadera recuperación”.

OTRAS MOCIONES

La Comisión también abordó el debate de otras mociones, presentadas en su mayoría por el Grupo Popular. Dos de ellas (de los grupos Popular y Socialista) se debatieron conjuntamente, y prosperaron a modo de una transaccional que insta al Gobierno poner en práctica una estrategia contra la soledad (este texto alternativo obtuvo 24 síes y cuatro noes).

La moción del PP para implementar una nueva estrategia nacional de atención sociosanitaria fue rechazada con 17 votos en contra, 10 apoyos y una abstención; y tampoco prosperó una moción para instar al Ejecutivo a determinadas actuaciones en relación con el programa operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas mayores. Cosechó 13 votos negativos, 13 a favor y tres abstenciones.