En una pregunta parlamentaria registrada este viernes, estos senadores interrogan al Ejecutivo sobre si piensa trasladar a estas cinco personas a la Península, tal y como demandan desde hace más de un año. Los representantes de ERC también piden explicaciones sobre la política de atención para los refugiados y solicitantes de asilo con discapacidad.

Estos cinco solicitantes de asilo, que tienen entre 20 y 29 años y estudios en fisioterapia y administración, cruzaron el paso del Tarajal buscando una acogida en el centro del Jaral de Ceuta. Sin embargo, dadas las “precarias condiciones para albergar a personas con discapacidad” en estas instalaciones, los cinco han solicitado en repetidas ocasiones su traslado a la Península. Habían participado en una protesta en Rabat, en la que uno de sus compañeros manifestantes murió al caer del techo del ministerio al que se habían encaramado.

En declaraciones a medios de comunicación, explicaron que huían de Marruecos, ”el país de la injusticia, el sufrimiento, el desprecio y la marginación hacia las personas ciegas, donde no se les brindan oportunidades para una vida digna”.

CONVENCIÓN DE LA ONU

En su escrito, los senadores de ERC recuerdan que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a España a velar por que todos los migrantes con discapacidad residentes en el país pueden acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y los programas de protección social, incluidos los planes de apoyo a la discapacidad, así como a garantizar que no se los discrimine ni en la legislación ni en la práctica. Esta misma cuestión se replica en el Informe Final del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a España tras el Examen Periódico Universal de 2020, agregaron los senadores.

Por todo ello, quieren saber si el Gobierno atenderá la solicitud de traslado a la península por razones humanitarias, de igualdad de trato y no discriminación planteada por estas cinco personas, y si aplicará los mandatos de la convención de la ONU en este terreno.

En la misma línea, interrogan al Ejecutivo sobre su política de atención para las personas con discapacidad en situación de refugio y asilo.