El Comité valenciano señala que “una vez publicado tanto el decreto de percha legal como el del decreto concreto de concesión directa de las subvenciones ordinarias en discapacidad 2020, se tenía que haber procedido con diligencia rápida todo el proceso administrativo pertinente para hacer el pago, por un importe global de 5.467.390 euros; en las cuentas de las entidades sociales de discapacidad”. Así, la entidad califica la demora como “imperdonable”.

“La lentitud y la burocracia administrativa están rompiendo con esa línea de sostenibilidad rápida y segura con la cual se habían conformado estos decretos de concesión directa”, valora, al tiempo que ha asegurado que se están haciendo frente a todos los gastos extraordinarios derivados de la pandemia sin ninguna ayuda.

“Más del 90% de las entidades del tercer sector de acción social ya tienen dificultades para hacer frente a los gastos corrientes de la entidad, alrededor del 60% ha tenido que recurrir a endeudamiento a través de créditos bancarios, lo que les genera intereses; y, aproximadamente, un 52% agotará en 2020 sus fondos propios”, avanza el Cermi CV.

Asimismo, se detalla que “un 45% está teniendo ya dificultades para pagar sus nóminas, un 20% ha rescindido ya algún contrato laboral en la entidad y un 56% ha reducido la prestación de servicios de los programas que entraban dentro de este decreto de concesión directa”.

Desde el Comité valenciano explican también que “las entidades del sector social de la discapacidad han tenido que afrontar el desarrollo de sus programas y servicios este año con los once meses de fondos propios”. “Una sexta parte habrá agotado estos fondos propios al cerrar el presente ejercicio, con la fragilidad que supone esto de cara a un 2021 que se prevé también complicado”, valora la entidad.

VULNERABILIDAD

Las entidades del sector social de la discapacidad están haciendo enormes esfuerzos por mantener los servicios a las personas con discapacidad y al personal técnico en un contexto donde la labor de las entidades es más necesaria que nunca por la especial vulnerabilidad de las personas beneficiarias, según se afirma desde la entidad.

“No podemos olvidar que el tercer sector social de la discapacidad nace para ocuparse de las personas con discapacidad y sus familias, recuerda Cermi CV, que especifica que este colectivo ha sido muy damnificado y castigado por la pandemia.

Tal y como aclara la entidad, este decreto de concesión directa que va a las entidades es para el desarrollo de programas de personas con discapacidad y problemas de salud mental. Se atendería a personas con discapacidad, siendo estas las beneficiarias reales y directas de estas ayudas. De no abonarse el pago, “está en juego la supervivencia del tercer sector social de la discapacidad de la Comunidad Valenciana”.

TRABAJO “INTENSO” Y “PERSISTENTE”

En julio, se aprobó el decreto de concesión directa gracias al trabajo “intenso” y “persistente” que desde la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social CV y Cermi CV se realizó en los momentos más críticos de la pandemia por la COVID-19.

Este trabajo de incidencia política, se orientó en la línea de sostenibilidad rápida y segura hacia las entidades por esta coyuntura.

“Es justo reconocer que la administración autonómica, junto al Tercer Sector de Acción Social en su conjunto, se pusieron manos a la obra para habilitar estos decretos de concesión directa, absolutamente imprescindibles y de primera necesidad por la emergencia sanitaria”, destaca el Comité valenciano.

Sin embargo, denuncia que “lo que es absolutamente incomprensible e indignante es que haya pasado más tiempo de lo que se estipuló cuando se estaban elaborando estos decretos y que se siga sin cobrar esta línea de subvenciones”.

“El problema es que esto no es nuevo, que se sabe y se viene arrastrando desde hace años, sin que se le ponga remedio, más allá de anuncios y promesas de planes de mejora en la función pública que no llegan a cumplirse”, estima la entidad, al tiempo que reconoce que, para la administración, también están siendo “momentos duros”.

“En esta extrema urgencia y necesidad, este proceso administrativo por parte de la intervención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de sus Territoriales, se debería priorizar y tener ese sentido social de urgencia, que sí se tuvo en las reuniones políticas para conformar estos decretos de concesión directa. El retraso que se ha producido no se puede recuperar, pero el que viene, sí”, concluye la entidad.