Así lo manifestó Berrios durante el encuentro online sobre 'Accesibilidad Cognitiva’ organizado por Plena Inclusión España junto a la agencia de noticias Servimedia, donde mostró su “sorpresa” ante este cambio de postura.

Según explicó, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de Discapacidad del Congreso de los Diputados, todos los grupos presentaron enmiendas técnicas “para mejorar el texto, con las que estamos de acuerdo”.

Sin embargo, “PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda de supresión” contra el conjunto de la proposición de ley, prosiguió, que “les solicitamos que retiren” para permitir su tramitación.

El argumento de dichos grupos se basa en que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad universal, de la que sí habla el texto refundido de la ley de Discapacidad de 2013, por lo que no haría falta una gran modificación.

Impulsada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Senado, la presente iniciativa sí supone una modificación de varios artículos de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de regular con mayor claridad la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

Recoge las demandas de Plena Inclusión (confederación que agrupa a más de 950 entidades de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

NORMA CLARA

Según Berrios, la actual Ley de Discapacidad “es demasiado vaga” en cuanto a lo que a accesibilidad cognitiva se refiere, “y ni siquiera habla de lectura fácil”. “Por eso, pedimos una norma que defina con mayor claridad” estos requisitos para “garantizar el acceso a la información y a la comunicación de personas que tienen problemas de comprensión, como pueden ser personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, trastornos mentales, personas mayores, etc., afirmó. “Porque lo que no se legisla luego no se puede exigir”, y subrayó esta experta que en el texto actual “ni siquiera se menciona la lectura fácil”.

Entre otros puntos, la proposición de ley contempla esta ayuda dentro de los apoyos complementarios previstos y clarifica “qué debe entenderse por accesibilidad cognitiva” y qué requisitos técnicos implica la lectura fácil. Propone seguir la norma UNE 153101 de 2018. Indica de forma expresa que la accesibilidad cognitiva se encuentra dentro de cualquier referencia a la accesibilidad universal (modifica el artículo 5 sobre el ámbito de aplicación de la ley), lo que supone la obligación de adoptar medidas específicas para garantizarla en todos los ámbitos que la ley enumera.

Así, modifica el apartado 1 del artículo 23 y añade que la obligación del Gobierno de regular las condiciones de accesibilidad y no discriminación incluye también la obligación de determinar y regular estos requisitos cuando de accesibilidad cognitiva se trata.

También establece que en el plazo máximo de dos años el Gobierno deberá haber realizado los estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva previos al desarrollo normativo específico de dicha norma, para el que también concede dos años de plazo.

Por último, fija un máximo de dos años para la aprobación de un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva, el primero con vigencia 2020-2025, y para la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, como organismo dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad.

Su finalidad será realizar estudios e investigaciones y fomentar la generación y transferencia de conocimiento, así como impulsar la formación y capacitación, el registro y extensión de buenas prácticas, la observación de la realidad y las tendencias, las acciones de prospectiva, el seguimiento y la evaluación y, en general, la promoción de todo lo relativo a la accesibilidad cognitiva en España.

DEMASIADAS LEYES

En el encuentro participó el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, quien reivindicó la necesidad de extender la accesibilidad cognitiva en los distintos ámbitos de la vida social. Sin embargo, se mostró algo reticente a la aprobación de una nueva ley “cuando hay otras, como la Ley General de la Discapacidad de 2013, que aún no han terminado de aplicarse”.

Afirmó que esta norma sí necesitaría “cierta revisión” para, entre otros puntos, mencionar el Centro Estatal de Referencia sobre Accesibilidad Cognitiva, aunque consideró que su funcionamiento al detalle debería inscribirse en el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, del que finalmente dependería.

Así sucede con el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNSLE), apuntó Celada.

A su juicio, “en España tenemos demasiadas leyes que no se aplican”, con lo que “aprobar otra ley nueva sin garantizar las anteriores podría conducir a cierta decepción”.

ÚTIL PARA TODOS

En la jornada intervinieron además Carlos García, delegado en Asturias del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial; María Ángeles López Amado, directora general de Accesibilidad Universal y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, y Pablo Buhigas, experto en accesibilidad y validador de lectura fácil de Plena Inclusión Canarias.

Los cuatro destacaron la importancia de la accesibilidad cognitiva, que aunque está pensada para unos colectivos concretos, “al final beneficia a toda la población”.

En su intervención, Juan Carlos García explicó cómo en Asturias ya se ofrecen en lectura fácil las sentencias judiciales que afectan a personas con discapacidad intelectual y se avanza en la adaptación de otros elementos del proceso.

Esta iniciativa, que arrancó en los juzgados de familia, “dependió en gran medida del factor humano”, concedió.

“Hubo una importante labor del movimiento asociativo”, explicó, pero también “unas juezas y otros juristas convencidos de que tenía que hacerse así”. “Cuando empecé con ellos, no entendía cómo a nadie se le había ocurrido antes que la comunicación ha de adaptarse a la persona que se ve afectada”, señaló.

Por su parte, López Amado describió el trabajo de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (Oacex). Gracias a ella, se han puesto en marcha multitud de proyectos piloto para el diseño de planes que ayuden a orientarse a las personas con discapacidad intelectual en hospitales, oficinas y municipios, y para la adaptación a Lectura Fácil de folletos turísticos y documentos oficiales, los temarios y preguntas en los concursos públicos de la administración, así como toda la información referida a la Covid-19.

Pablo Buhigas explicósu trabajo como validador de imágenes y textos que se adaptan a lectura fácil por Plena Inclusión Canarias, y subrayó que para las personas con discapacidad como él, estas ayudas son fundamentales “para entender los carteles, los espacios y las fotografías”.