La orden, que entra en vigor mañana, sábado, considera que, sin perjuicio de que los centros especiales de empleo “hayan de aportar parte de la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2020 para sus trabajadores y hacer frente a esos costes adicionales creados por la crisis sanitaria y las medidas de contención impuestas”, pueden incurrir “en dificultades añadidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo” en la actual situación de crisis por el Covid.

Las ayudas mencionadas financian los costes salariales respecto de las nóminas devengadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, de las personas con discapacidad severa contratadas en centros especiales de empleo. En el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

Estas ayudas se dirigen a personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

También se incluyen a personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

Con carácter general, para el resto de los contratos celebrados por centros especiales de empleo con personas trabajadoras con discapacidad que no estén incluidas en alguno de los grupos señalados se mantendrán las cuantías de las subvenciones que ya se establecieron.

Esta orden se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de ejecución y de la propia organización que tienen reconocidas las comunidades autónomas.