La iniciativa, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Baja, solicita al Ejecutivo que promueva y coordine, junto con el resto de las administraciones, las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad y eliminando los obstáculos que se opongan a su plena inclusión.

Los socialistas reclaman que se considere de interés general el deporte inclusivo de personas con discapacidad y los programas que lo promuevan, para lo cual el Consejo Superior de Deportes (CSD) debería establecer un plan anual de actividades en colaboración con otras administraciones y con las federaciones deportivas nacionales.

Además, abogan por que el CSD promueva que federaciones deportivas españolas impulsen la creación una Comisión de Inclusión que fomente y ponga en marcha el deporte adaptado en cada una de las disciplinas deportivas.

Reclaman que el CSD inicie, en colaboración con otras administraciones, federaciones deportivas y agentes sociales implicados, un plan de formación sobre deporte adaptado e inclusivo que permita mejorar la formación y especialización en deporte y discapacidad de los profesionales educativos, deportivos, entrenadores, técnicos federativos...

También proponen que continúe el Programa Deporte Inclusivo del CSD y se dote de mayor visibilidad nacional para facilitar una mayor adhesión de las empresas, organismos y entes que colaboren con su difusión y desarrollo.

PANDEMIA

Para el PSOE, "los efectos psicológicos, físicos y económicos de la crisis provocada por la pandemia conllevarán secuelas a una parte nada desdeñable de la ciudadanía, especialmente en las personas con discapacidad que durante el confinamiento se han visto alejadas de sus entornos y prácticas habituales y han debido sobrellevar la situación con mayores dificultades y restricciones que otros sectores de la población".

"El deporte inclusivo y el deporte adaptado son un bien público que estamos obligados a proteger por ser herramientas que favorecen hábitos en beneficio de la salud de quien lo practica que adopta un estilo de vida activa y son factores esenciales para la plena inclusión en la sociedad¨, apunta.

Además, recuerda que la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad establece las medidas que los Estados deben adoptar para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas.

Un real decreto legislativo de 2013, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, establece el mandato a las administraciones públicas de proteger de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en el acceso al deporte y al ocio.

El Consejo Superior de Deportes tiene en marcha el Programa Deporte Inclusivo, declarado acontecimiento de excepcional interés público hasta el 30 de junio de 2021, lo que supone beneficios fiscales a las empresas que colaboran y realizan donaciones al Programa.