"La imagen de nuestros hijos es sagrada y forma parte de su dignidad como seres humanos. Estos días hay personas que están utilizando sus rostros, voces y sus dificultades o limitaciones como arma arrojadiza en el debate público. Esto nos preocupa no solo porque atenta frontalmente con su derecho a tener una imagen respetada y protegida, sino también porque tenemos la obligación como padres a defenderla. Sobre todo, porque esta campaña de forma irresponsable está contribuyendo a agravar los prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan nuestros hijos e hijas cada día de sus vidas. No todo vale. Y lo consideramos éticamente inaceptable", aseguró esta organización en un comunicado.

Asimismo, criticó la gran cantidad de falsas noticias que se han publicado sobre lo que dice la nueva ley de educación (Lomloe) sobre el futuro de los centros de educación especial. "Nos oponemos a cualquier tipo de manipulación y a la extorsión emocional que supone utilizar nuestra preocupación y muchas veces nuestro sufrimiento para jugar con la realidad", manifestó.

Sostiene Plena Inclusión que "la educación de nuestros hijos e hijas lleva muchos años aparcada por todos los partidos políticos, lo que ha tenido como consecuencia que, al no disponer de los apoyos necesarios, los niños y niñas fracasen y terminen expulsados del sistema educativo ordinario, achacando ese fracaso al déficit de la persona, a la discapacidad, a que no pueden… Y de forma sistemática y deliberada se niega el hecho de que este fracaso es del sistema educativo. Cuando existen suficientes apoyos en el ámbito escolar ordinario, el resultado obtenido es muy positivo".

"La educación ordinaria lleva décadas expulsando sistemáticamente a los niños y niñas del entorno educativo por falta de medios. La educación especial tiene insuficientes recursos que generalmente tenemos que compensar las familias. Por ello, las administraciones educativas deben garantizar la financiación necesaria. La educación está fallando para todos, y especialmente y de forma grave para nuestros hijos e hijas. Hay colegios que tienen mejores servicios con altos copagos que no todas las familias podemos pagar, pero que todos nuestros hijos necesitan y merecen". Por esto, exigen inversión que garantice derechos.

Destaca esta organización que la 'ley Celaá' tiene algunos aspectos positivos como que reconoce el derecho a una titulación adaptada a los alumnos y alumnas con discapacidad y que admite que es necesario mejorar la capacidad de los colegios ordinarios en los cuales cursan estudios la mayor parte de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Sin embargo critican que la nueva norma no prevé los recursos para garantizar una escolarización óptima del alumnado, ni se reconoce que es necesario realizar una inversión para garantizar el plan para que los centros ordinarios puedan atender en las mejores condiciones al alumnado escolarizado en ellos, y los colegios de educación especial tengan una financiación suficiente. "Si no se reconoce la necesidad de que exista una inversión, la ley puede quedar en papel mojado".

Además, tampoco reconoce a las familias el derecho a elegir modalidad educativa con los recursos necesarios."Las familias somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos e hijas y quienes más nos preocupamos por su bienestar".